El acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz trae aparejado una serie de interrogantes y críticas por parte de la oposición y organismos internacionales

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y la cúpula militar / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA (EFE)

Por: Ana Marcos

Bogotá/ 26-12-2015

Al día siguiente de que el Gobierno de Colombia y las FARC anunciaran el acuerdo sobre el punto 5 del proceso de paz, el que se refiere a las víctimas e incluye el peliagudo capítulo de la justicia especial, el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos comenzóuna campaña que pretendía ser pedagógica. El resultado, sin embargo, se acerca más a una operación de marketing con la mirada puesta en el 23 de marzo, fecha en la que previsiblemente se firmará la paz, y al plebiscito que tendrá que aprobar los últimos pactos que salgan de la mesa de negociaciones de La Habana.

El 15 de diciembre ambas delegaciones reforzaron un pacto en el que se establece la creación de un Tribunal Especial para la Paz sustentado en el principio “del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de la responsabilidad”. Este organismo, conformado por magistrados que se elegirán de manera independiente, podrá juzgar a combatientes y no combatientes. Una vez que Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, pronunció estas palabras, comenzaron las preguntas y las críticas, esencialmente desde la bancada del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, a las que se unió un duro informe de Human Rights Watch que calificó el acuerdo de “cúmulo de promesas vacías”.

Tras las dudas y los ataques, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y uno de los miembros de la mesa en Cuba, la Fiscalía del Estado y el propio Santos han comparecido en menos de dos semanas en múltiples ocasiones para intentar aclarar, entre otras cuestiones, quiénes se sentarán en el banquillo y cómo les afectará la denominada justicia especial.

A guerrilleros de las FARC, agentes del Estado, como los militares, y no combatientes, es decir, civiles que de alguna manera hayan estado involucrados en estos más de 50 años de guerra.

Se someterán a la misma Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que las FARC, según anunció Santos durante un acto de ascenso de generales de las Fuerzas Militares. “Esta decisión no fue negociada o acordada en Cuba, sino que fue tomada de manera autónoma por el Gobierno”, aclaró. Desde un primer momento, el Ejecutivo ha intentado marcar cierta distancia con la guerrilla asegurando que los militares tendrán “un trato equitativo, nunca en inferioridad de condiciones, pero diferenciado”, ya que se trata de “agentes en el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales”.

En ese mismo acto el presidente recordó que “solo serán acusados y juzgados los mandos directamente responsables” y que las sentencias se cumplirás en prisiones de la fuerza pública, no en instituciones ordinarias como se establece para el resto de combatientes involucrados en el conflicto.

El Tribunal de la Paz podrá dictar tres tipos de sentencias para los guerrilleros. Quienes reconozcan delitos muy graves tendrán una pena de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Por el momento se desconoce dónde serán destinados estos combatientes, quién se encargará de su custodia y qué tareas podrían realizar durante el tiempo de condena.

Quienes reconozcan la responsabilidad de manera tardía serán sancionados con pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias. En este caso tampoco se han detallado en qué prisiones serían recluidos ni en qué régimen. Para los que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias. Sin más detalles.

Solo se contempla la amnistía y el indulto para “los delitos políticos y sus conexos”, del que se podrían beneficiar hasta 15.000 guerrilleros. Jaramillo anunció que estudiarían en próximas conversaciones con la guerrilla una serie de crímenes comunes que podrían pasar a formar parte de esta categoría. Por el momento se desconoce si el narcotráfico será uno de ellos. "No serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra".

“Colombianos comunes y los empresarios que de alguna forma hayan podido violar la ley en medio de esta guerra”, dijo Santos en una tercera comparecencia pública el 23 de diciembre “a petición de muchos”. Algunos de los civiles a los que se refirió aparecen en más de 13.000 expedientes en posesión de la Fiscalía, por lo que el mandatario quiso mandar “un mensaje de tranquilidad”, además de "garantizar su seguridad jurídica”.

Se considera víctimas a “aquellos que colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas”, y, por tanto, su comportamiento no será juzgado. “Los civiles, antes que nada, han sido víctimas y no los vamos a victimizar de nuevo”, aclaró. “Se les podrán aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal. No tienen nada que temer”.

Por otro lado, se refirió a quienes “participaron voluntariamente, por su propia iniciativa con grupos armados”. En ningún momento mencionó al paramilitarismo ni a posibles empresarios o autoridades públicas que pudieran haber financiado a estas bandas. “Estas personas podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz, en especial aquellos que haya cometido crímenes de guerra, de lesa humanidad y desplazamiento forzado”. Las sanciones para quienes sean considerados culpables “no superarán la duración de las establecidas para los demás responsables”.

Fuente: El País.com