Madrid/ 12-9-2016

Este 11 de septiembre se cumplen 43 años del suicidio de Salvador Allende, el presidente que arruinó Chile. Llegó al poder de casualidad, ya que los resultados electorales le dejaban en mala posición para formar Gobierno -las elecciones de 1970 dieron el 36% de los sufragios a la Unidad Popular de Allende, con el 35% quedaron los liberales de Jorge Alessandri y la democracia cristiana de Radomiro Tomic obtuvo el 28%- La falta de entendimiento entre liberales y democristianos permitió la toma del poder de Allende.

El marxista-leninista decretó una subida media de los salarios del 130%, a la vez estatalizaba la economía nacionalizando toda la banca y las 500 empresas más importantes del país. A la vez, en las zonas rurales, decretó una expropiación sin indemnización de más de 3 millones de hectáreas. Para evitar la subida de los precios tasó la mayoría de los productos. El primer resultado fue que se duplicó el gasto público

En 1971 Allende vendía el éxito de sus políticas tras doce meses de Gobierno: el PIB crecía, el paro se reducía a la mitad y la inflación estaba controlada. Pero pronto se llevó un baño de realidad. Es lo que tienen las medidas económicas cortoplacistas e insostenibles. A finales de 1971 empezó la escasez de productos de primera necesidad: alimentos, medicamentos, combustibles,… ¿suena a Venezuela?

Empezaron entonces las primeras protestas en las principales ciudades. Se conocieron como las “marchas de las cacerolas”, protagonizadas por las amas de casa que no podían alimentar a sus familias, a pesar de tener dinero por la subida de los salarios. El problema fue que se había emitido moneda, mucha moneda, sin respaldo alguno y las empresas no chilenas se negaban a comerciar a riesgo de perder dinero por la inflación que empezaba a ser galopante y que a principios de 1972 ya se situaba en el 500% lo que situaba a los chilenos con una capacidad de compra muy por debajo de la que había antes de la llegada de Allende en 1970.

Mientras que en las ciudades se producían estas protestas, en el campo estallaba una violencia brutal que llevó a enfrentamientos armados entre militantes de los partidos que formaban parte de Unidad Popular, además de afiliados al sindicato comunista Central Única de Trabajadores (CUT). La causa era que no se sentían satisfechos con los 3 millones de hectáreas robadas –expropiadas sin indemnización- a sus propietarios. Esta extensión suponía algo menos de la cuarta parte del terreno cultivable. Estos grupos estaban armados y empezaron la ocupación violenta de fincas. Asesinaban a los propietarios y a los empleados que se oponían a la entrada por la fuerza de los comunistas y las dividían entre los militantes de Unidad Popular o formaban cooperativas.

Esta violencia tuvo dos consecuencias: más de 1.200 muertos entre atacantes y defensores de las fincas y la bajada de la productividad a niveles preindustriales. Chile pasaba de ser una potencia agrícola exportadora a no producir ni el 50% de lo que necesitaba para alimentar a la población del país.

Este estallido violento no tardó en trasladarse a las ciudades, donde la guerrilla de extrema izquierda del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se enfrentaba a los militantes del grupo de extrema derecha Patria y Libertad.

Llegados a este punto, a mediados de 1972, el Gobierno autoritario que estaba implantando Allende y era el gestor del 90% de la producción nacional. Pero esta suponía casi la mitad de la que había a su llegada. En ese momento decidió buscar financiación fuera. Necesitaba recursos. Lo primero que hizo fue solicitarlo en la URSS, que rechazó ayudarle porque lo consideraba un Gobierno inestable. Y acudió a la comunista República Democrática Alemana, con la que llegó a un acuerdo para obtener productos y financiación.

Pero cualquiera ayuda llegaba ya tarde. Chile estaba en quiebra, tuvo que suspender pagos y, en lugar de intentar cambiar su política económica, anunció nuevas nacionalizaciones. Todo apuntaba a que se apropiaría un sector de enorme importancia estratégica: el del transporte de mercancías por carretera. La respuesta de las asociaciones de transportistas –que llevaban meses trabajando a pérdidas por el elevado coste de los combustibles, fruto de la escasez- fue convocar una huelga, “el paro de los camiones”, que se prolongó desde el 9 de octubre hasta el 5 noviembre.

Fue el golpe definitivo a Chile, cuyos habitantes se miraban en el espejo de los países de su entorno que se encontraban en un momento de importante crecimiento económico. Brasil crecía al 13,5%, Colombia al 6,7%, Argentina al 5,9% y Perú al 5,4%. Muy al contrario, Chile decrecía en 1972 un 7,3%.

El 21 de agosto de 1973 un grupo de esposas de oficiales se manifiesta frente a la casa del comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats. Para disolver la concentración se desplazan al lugar Allende, varios de sus ministros y el general Augusto Pinochet, que por aquel entonces era el número dos de Prats. Éste decide presentar su dimisión al darse cuenta de que los generales no le apoyan y propone como sucesor en el cargo a Pinochet. Allende, tras comprobar que tenía una hoja de servicios impecable, le nombra para el máximo cargo del Ejército. Lo que más pesó en su decisión fue la constancia de que era una personalidad militar sin ningún tipo de vinculación política que se había apartado de los intentos de asonada que se habían producido durante los años anteriores.

Augusto Pinochet no organizó ningún golpe de Estado. Es más, el pronunciamiento militar se produjo el día 11 de septiembre y hasta última hora del domingo 9 el máximo responsable del Ejército chileno no se sumó a la conjura. Pese a lo que la propaganda de la izquierda ha afirmado, no hubo planificación detallada de la manera de proceder. Chile contaba con un “plan de contrainsurgencia” ideado por las Fuerzas Armadas y que había sido encargado por el propio Allende. Estaba previsto para controlar un posible movimiento civil que desbordase la actuación de los Carabineros. Dividía el país en varias secciones y los militares las controlaban.

Este fue el procedimiento empleado por los militares que decidieron protagonizar el pronunciamiento y que le pusieron sobre la mesa de su residencia a Pinochet aquella noche del 9 de septiembre de 1973.

Pinochet se limitó a firmarlo y a llevarlo a la práctica con la precisión de todo buen militar. De esa manera frenó la ruina de Chile donde, por primera vez en casi medio siglo, había vuelto el hambre y la mortalidad infantil se acercaba peligrosamente a los niveles de los países menos desarrollados del continente americano. 

El 11 de septiembre, Allende realizó su última alocución al pueblo chileno a través de Radio Magallanes. Posteriormente y durante la toma del Palacio de la Moneda por los militares sublevados se suicidó un fusil de asalto AK-47 que le había regalado el dictador cubano Fidel Castro.

Fuente: Gaceta.es