Por Jorge Bello Domínguez.

Artemisa/ 8-3-2017

Según los medios de comunicación (controlados todos por el Estado cubano), el régimen comunista se vanagloria de ser un paladín en la defensa y protección de los derechos de las féminas contra la violencia de género.

“¡Mas la realidad es bien diferente!”, denuncia Amarilis Ramona Domínguez Ramos, una mujer residente en la provincia Artemisa.

A diario sufre los abusos y maltratos de su ex pareja, con plena complicidad de las instituciones de justicia de la provincia.

Domínguez Ramos, con número de cedula de identidad 73021304315 y domicilio en Finca “La Cañada”, carretera San Antonio de los Baños, es madre de dos niñas de diez y doce años. El padre de las niñas, Carlos Luis Fernández Mazó, es subteniente de la Policía Nacional en el artemiseño municipio Güira de Melena.

Según Domínguez lo acusa ante la prensa independiente de ser responsable de violentos abusos, malos tratos, amenazas y hostigamiento contra su persona, además de usar su investidura y cargo para  emplearlos en abuso de poder.

“A pesar de las múltiples denuncias y evidencias que he mostrado a los órganos correspondientes, en silencio cómplice de las autoridades del territorio se niegan a intervenir e iniciar proceso judicial contra él”, señala.

“La vida se me volvió un calvario. Soy brutalmente asediada, hostigada y castigada por él. Incluso involucra a miembros de su familia, sin que actúen las instituciones que supuestamente deberían de protegerme y garantizar derechos a mí y a mis hijas”, denuncia.

Este “agente de la ley” en varias ocasiones utilizó la violencia física contra ella en plena calle, y la tiene bajo amenaza. Además, asedia a miembros de la  familia, y sin motivo que lo justifique los encierra en celdas de la policía municipal.

Domínguez explica que dadas las dimensiones y la creciente violencia que adquirió el problema, presentó quejas y denuncias ante los distintos niveles de la fiscalía y la policía. Incluso se dirigió al Consejo de Estado de la república, así como a la fiscalía militar. “Pero en ninguna de esas instancias se le ha hecho justicia”.

Denunció a la fiscalía Municipal de Güira, y en especial a la fiscal, de nombre Merlin por la falta de ética profesional y manera despótica con la cual actúa, dejando en duda el transparente accionar de su institución.

Domínguez refiere que el oficial que atiende el área de menores posé evidencias y grabaciones de entrevistas que le realizó  a sus hijas. En ellas las menores narran las golpizas que presenciaron cuando su padre se las propinara a su madre. También incluye informes médicos que evidencian el daño sicológico que esta situación está creando en el comportamiento y desarrollo de las pequeñas.

Sin embargo, estas pruebas fueron archivadas arbitrariamente, sin ser expuestas a los órganos correspondientes, demostrando una evidente complicidad y protección con el agresivo militar.

Como Domínguez, un elevado número de mujeres en el país sufre violencia de género, (incluidas las cada vez más reprimidas Damas de Blanco).

Estos abusos se tornan deprimentes y vergonzosos cuando se encuentran implicados funcionarios del orden interior. Escudados en su investidura, suelen cometer este tipo de actos con la impunidad cómplice de quien debería combatirlos.

Fuente: Prensa Independiente/ Hablemos Press