"Esperamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nos abra la puerta, estamos solicitando la visita in situ desde 2014, hemos insistido y no ha sido otorgada", dijo el titular del cuerpo que forma parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según Guevara, "más de 4.000 personas han sido detenidas en el contexto de las manifestaciones, más de 400 de ellas habían sido sujetas a procedimientos del código de justicia militar por delitos de rebelión y asalto".
El pasado 4 de agosto el Grupo de Trabajo que preside Guevara solicitó al Gobierno venezolano "que cesen las prácticas de detenciones masivas y sistemáticas de personas en el contexto de protestas pacíficas".
De la misma forma, el grupo de juristas "solicitamos, encarecidamente, que el Gobierno detenga el uso de los tribunales militares para juzgar a civiles", comentó.
Guevara, quien trabaja en la sede de la ONU en México, indicó que su Grupo de Trabajo recibió "información alarmante".
Esos reportes coinciden con los recabados por otras instancias del sistema de procedimientos especiales de la ONU, como los relatores sobre la Tortura, sobre la Independencia de Jueces y Abogados y sobre Libertad de Expresión y Libre Asociación y Reunión, explicó el jurista.
El hallazgo de esas denuncias es que "encontramos personas detenidas que habían sido temporalmente incomunicadas o aisladas, y se les impidió comunicarse con su seres queridos o con abogados para que pudieran ser representados ante los jueces", dijo Guevara.
La información que ofrece Guevara "se refiere a eventos ocurridos entre abril y julio de 2017, sin embargo es una expresión de lo que el Grupo de Trabajo ha podido constatar en casos individuales que hemos conocido".
En los últimos cinco años, el Grupo de Trabajo emitió 12 opiniones sobre detenciones arbitrarias por autoridades venezolanas, particularmente desde 2014 a la fecha, lapso en el que documentó casos concretos de 500 personas arbitrariamente detenidas.
"Encontramos que hay una política de detención sistemática de disidentes o personas que pertenecen a partidos de oposición, incluidos alcaldes y exalcaldes opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro", concluyó el abogado de la ONU.
Más de tres años sin respuesta
La espera de una repuesta ha sido larga desde 2014.
"Siendo exactos, puedo decir que las 12 opiniones que hemos emitido se refieren a cerca de 500 personas, de casos documentados, no quiere decir que son las únicas que son arbitrariamente detenidas", explicó Guevara.
La principal preocupación del Grupo de Trabajo es "el respeto al derecho a ser juzgados con garantías y normas de un debido proceso, por jueces civiles imparciales e independientes, no por tribunales militares establecidos para miembros de las Fuerzas Armadas", enfatizó.
El documento enviado el 4 agosto a Venezuela coincidió con un informe de una misión en el terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "y los hallazgos coinciden con la información que recibimos", relató.
Los casos confirmados fueron procesados mediante un "procedimiento controversial", en el que la víctima o sus abogados envían información por medio de representantes registrados en estadísticas de alegaciones y reclamos presentados a la ONU.
"Enviamos al Gobierno esa información y nos responde sobre esos hechos acreditados", explicó Guevara.
Por esa razón, insistió, el contenido del reciente informe de agosto "se refiere a la información que podemos constar que es creíble, son alegaciones serias que vienen de fuentes acreditadas".
Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha pedido al Gobierno venezolano "que nos clarifique el número de personas detenidas, bajo qué figuras legales las han procesado y que cese de practicar esos métodos", indicó Guevara.
Una relación permanente
El Grupo de Trabajo sostiene relaciones con todo el mundo, que no son diferentes con el Gobierno de Venezuela.
"Con todos los gobiernos que interactuamos, nuestra comunicación se expresa con notas diplomáticas enviadas desde nuestra sede en Ginebra, y nuestras misiones permanentes", describió.
Sin embargo, esa comunicación debe confirmase mediante diálogo directo y visitas en el terreno, en diálogo con las autoridades, los detenidos y la sociedad civil.
"Esos procedimientos los hacemos con otros países, por ejemplo para casos concretos de detenciones de migrantes, por razones de salud, o personas con discapacidad", comparó.
Aunque la visita no ha sido concedida, "el diálogo con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no lo podemos calificar de manera negativa", observó Guevara.
Con las autoridades venezolanas hay una comunicación con la misión permanente, "no es diferente ni negativa al compararla con otros países", enfatizó.
"Es una relación profesional y una comunicación seria, confiamos que ese diálogo se va a fortalecer con toda esa información solicitada, pero necesitamos certeza para dar una opinión final", puntualizó Guevara.
La diferencia con los procedimientos que funcionan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es que la tramitación de las comunicaciones individuales son más ágiles con la ONU.
Los plazos en el Sistema Interamericano "son muy tardados", a pesar de que tienen el mismo fundamento en la Carta de DDHH de la ONU, en las resoluciones del Consejo de DDHH de la ONU "y en la práctica de los países que nos han aceptado", comparó.
La diferencia es la agilidad de los mecanismos humanitarios, "en el caso de la ONU se realiza sin trabas en materia de procedimientos".
Cualquier persona se puede acercar a la ONU sin haber agotado la jurisdicción interna y el Grupo de Trabajo se encarga de verificarlos, pues "no es necesario acreditar que los recursos no existen", concluyó Guevara.
Una de las características para recurrir al Sistema Interamericano es el agotamiento de los recursos legales nacionales.
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