Guantánamo/ 12-1-2018

En el recién finalizado X Período Ordinario de Sesiones de la VIII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), rindieron cuentas sobre su trabajo el Tribunal Supremo Popular (TSP) y la Fiscalía General de la República (FGR).

A pesar del cantinfleo característico de la prensa oficialista, la crisis en que se halla el sistema judicial cubano y la propia institucionalidad creada por el castrismo es evidente.

Se trata de un fenómeno que surgió desde el nacimiento de la dictadura castrista. Quienes han ejercido la abogacía en Cuba saben que año tras año la crisis potencia sus problemas y resulta insoluble dentro de las condiciones impuestas.

Problemas de larga data

Según el periódico Granma del pasado 22 de diciembre, Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, reconoció la existencia de demoras injustificadas en la realización de trámites y acciones procesales, falta de profesionalidad y solemnidad en la celebración de los juicios, comparecencias, incumplimiento de procedimientos y buenas prácticas establecidas, sentencias y resoluciones sin argumentación y trato descortés e inadecuado a algunas personas.

Por su parte, el fiscal general de la FGR, Darío Delgado Cura, expresó que en el último quinquenio fueron atendidas 483 969 personas, de las cuales al 24% les asistió razón. Me detengo aquí para advertir que aunque el fiscal general no lo dijo, ese 24% representa a 116 152 personas, lo cual demuestra el nivel de quebrantamiento de la legalidad existente. Por supuesto que el general Darío Delgado Cura tampoco se refirió a las quejas que jamás son atendidas ni respondidas adecuadamente, de acuerdo con las leyes cubanas, ni a la complicidad de la FGR con las acciones represivas y muchas veces ilegales cometidas por la Seguridad del Estado en contra de los opositores pacíficos. Estos ciudadanos reciben maltratos y un total desamparo jurídico cuando acuden a la FGR en reclamación de sus derechos.

Según el Dictamen ofrecido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP ante la rendición de cuentas de ambas instituciones, es común a ambas el no completamiento de sus plantillas, la falta de estabilidad en el personal y es necesario continuar trabajando para imprimir mayor calidad a su trabajo. Habría sido muy válido que los diputados hubieran indagado por las causas que provocan que muy pocos estudiantes de Derecho quieran ser jueces o fiscales a pesar de los beneficios y prebendas que estos profesionales reciben y de los altos salarios que les pagan.

Muy significativo resultó que la mencionada Comisión se pronunciara porque las sentencias en materia penal sean congruentes con el material probatorio aportado por los fiscales, las características personales del acusado y otras circunstancias concurrentes, un problema que se arrastra por décadas.

¿Hay solución a esta crisis dentro del castrismo?

La historia del castrismo es abundante en cuanto a la discriminación política y judicial que aplica a sus ciudadanos, según sea su posición política con respecto al régimen. Las formalidades y el respeto a derechos esenciales de las personas han sido violados reiteradamente por el ejecutivo y la administración de justicia cubana desde el mismo nacimiento de la dictadura.

La esencia dictatorial del régimen quedó al descubierto desde el mismo mes de enero de 1959 con la realización de los tristemente célebres procesos penales sumarios donde de forma casi absoluta la única sentencia aplicada era la pena de muerte. Dos procesos muy sonados fueron el juicio al comandante Hubert Matos y el de los pilotos de la dictadura batistiana.

En el primero Fidel Castro acudió como testigo y terminó dirigiendo el juicio, si es que ya no lo había hecho antes de su celebración. En el segundo, el tribunal formado por oficiales del ejército rebelde, absolvió por falta de pruebas a los acusados. Desde La Habana y enfurecido, Fidel Castro arremetió contra el tribunal y ordenó la realización de un nuevo juicio donde los pilotos fueron condenados a muerte. La afrenta fue tal que el comandante Félix Pena, presidente del tribunal, se suicidó.

Lo ocurrido en La Cabaña bajo la dirección del argentino del gatillo alegre fue otra prueba de que en Cuba jamás volvería a haber una administración de justicia independiente del ejecutivo.

Ya en los años setenta se concibieron los siniestros juicios “ejemplarizantes”, verdaderas demostraciones estalinistas de uso de la fuerza y la intimidación donde las sentencias y hasta los más mínimos detalles del proceso eran decididos por jueces, fiscales y policías en reuniones donde cada acusado salía con su sentencia mucho antes de la celebración del juicio, que de esta forma se convertía en una mascarada.

A esa práctica se unieron las modificaciones de las actas de los juicios e impedir a los defensores que tuvieran acceso a dicha acta y a la causa para realizar los recursos de casación. Se ha llegado  al extremo de no permitir a los acusados que designen un abogado defensor, no avisar a sus familiares de la fecha del juicio y llenar la sala del juicio con chivatos de la Seguridad del Estado para impedir la presencia de personas no gratas.

Condiciones indispensables para que exista justicia son que los jueces sean realmente independientes y no demuestren más obediencia que a la ley. También que los ciudadanos sometidos al fuero de los tribunales no sean discriminados por su posición política, ni que esos órganos de justicia se desentiendan de los abusos cometidos por el Estado en contra de tales personas. Esas condiciones, desgraciadamente, no existen en Cuba. La FGR y el TSP podrán rendir cuentas de sus actuaciones cuantas veces quieran o decida la ANPP, pero la crisis es insoluble, sencillamente porque la calidad de la justicia es inversamente proporcional a la fortaleza de una dictadura.