De acuerdo con la circular difundida por la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), las autoridades de Colombia reclaman al guerrillero, de quien se muestran tres fotografías, se precisa su nombre original y se señala que tiene 65 años de edad y es oriundo del municipio de San Gil (Santander, nordeste).
Por su parte, la prensa local divulgó una resolución firmada el 18 de enero por el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, mediante la cual activó formalmente las órdenes de captura en contra de los 10 negociadores de paz del ELN que se encuentran en La Habana (Cuba).
La resolución de la Fiscalía se da luego del atentado ocurrido el pasado 17 de enero en la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, del que la guerrilla ELN se adjudicó la autoría.
A su turno, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anunció que luego de que Interpol expidió la circular roja (orden de captura), lo que procede es la solicitud de extradición por parte del Gobierno colombiano.
"Se reactiva Interpol y Colombia procede a pedirlos formalmente en extradición, y eso debe estar esta semana", dijo Borrero, según declaraciones difundidas por la emisora local RCN Radio.
El ELN mantenía diálogos públicos de paz desde febrero de 2017 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero las negociaciones fueron suspendidas el pasado 7 de agosto, cuando Iván Duque asumió la Presidencia.
El nuevo mandatario exigió a la guerrilla que liberara a todos los secuestrados y cesara sus ataques a la infraestructura del país como condición para descongelar las negociaciones.
Sin embargo, a raíz del atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, que causó la muerte de 20 estudiantes de esa institución y dejó 68 más heridos, el Gobierno canceló los diálogos de manera unilateral y pidió la extradición de los delegados de paz de esa guerrilla.
El Gobierno afirma que desconoce los protocolos de ruptura de negociaciones firmados entre el ELN y la administración de Santos, ya que afirma que las reglas cambiaron cuando la guerrilla cometió el atentado, el cual es calificado como terrorista por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los protocolos estipulan, entre otras cosas, que en caso de una ruptura de los diálogos de paz, el Gobierno colombiano debe permitir el retorno al país de los delegados del ELN presentes en La Habana, para lo cual las partes contarán con dos semanas para planear dicho regreso, cuyo procedimiento será redactado en conjunto con los países garantes.
Sin embargo, Colombia pidió a Cuba que extradite a los 10 integrantes del ELN, ante lo cual La Habana respondió que cumplirá con los compromisos fijados ante la ruptura de la negociación entre ambas partes.
Fuente: SputnikNews
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