"No hemos debatido la posibilidad de que la UE interrumpa el trabajo del Grupo Internacional de Contacto, por el contrario, todos los Estados miembros han reafirmado cuán crucial es tener este instrumento, que en la actualidad es probablemente el único camino que podemos seguir para al mismo tiempo estar en contacto con todas las partes relevantes y tener claro el objetivo, que es una salida a la crisis democrática, pacífica y basada en elecciones anticipadas", dijo a la prensa tras una reunión de los ministros de Exteriores de la UE.

"Creo que habría estado bien si ellos hubieran tenido la posibilidad de entrar en el país, mantener negociaciones y celebrar reuniones relevantes", sostuvo.

La jefa de la diplomacia europea anunció que el Grupo Internacional de Contacto enviará esta semana una misión técnica a Caracas, encabezada por la UE y Uruguay como copresidentes del grupo, para "trabajar en la evaluación del apoyo que puede brindarse para allanar el camino hacia una transición democrática pacífica, una salida democrática y pacífica a la crisis y, en particular, la celebración de nuevas elecciones presidenciales".

"Hemos excluido categóricamente cualquier apoyo de la UE o entendimiento de cualquier escalada militar cerca o dentro del país, y también hemos resaltado la necesidad de trabajar, como la UE y los países miembros junto con nuestros amigos y socios de la región, para evitar que la ayuda humanitaria pueda ser usada con fines diferentes a la ley humanitaria internacional", indicó.

"Los países miembros siempre tienen la posibilidad de proponer nuevas sanciones puntuales" dijo Mogherini.

Agregó que "la posibilidad de introducir en el futuro medidas restrictivas adicionales contra varias personas permanece, pero por el momento nos estamos enfocando en el trabajo del Grupo de Contacto Internacional".

La UE adoptó a partir de 2017 un embargo a la venta de armas, así como la prohibición de viajes y congelación de activos contra 18 funcionarios venezolanos alegando violaciones de los DDHH.

Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el 23 de enero, después de que el opositor Guaidó se autoproclamara presidente interino del país.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.

El 31 de enero fue creado un grupo de contacto sobre Venezuela, integrado por países de Europa (Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia) y América Latina (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay), así como representantes de la UE.

El 7 de febrero el grupo celebró en Montevideo su primera reunión.

La declaración fue adoptada por Uruguay, la UE, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Bolivia, aunque decidió seguir formando parte del grupo de contacto, no firmó el documento, y México decidió no integrarlo, aunque tomó parte de la reunión.