Por: Carmen Muñoz
Madrid/ 4-3-2014
El régimen cubano no ha variado un ápice la represión contra la disidencia en los últimos meses. Tanto la cantidad como los métodos son similares. El pasado mes de febrero se produjeron en la isla al menos 1.051 detenciones «arbitrarias por motivos políticos», una cifra parecida a las de diciembre y enero (entre 1.000 y 1.200 arrestos), según el informe mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn). Este número es «cerca del doble del promedio mensual de detenciones en los dos años precedentes», según la organización disidente, que denunció las agresiones y actos vandálicos contra los opositores a una dictadura que dura ya 55 años.
En el informe divulgado este lunes, la Comisión Cubana agrega 137 «actos de repudio», 221 «agresiones físicas», 57 «hostigamientos» y 14 «actos vandálicos», que atribuye a la policía política secreta y a «estructuras parapoliciales». El grupo del exprisionero de conciencia Elizardo Sánchez considera que la «elevada» cifra de arrestos y los diferentes ataques contra la disidencia son «indicadores objetivos de la persistente tendencia al deterioro de la situación de derechos civiles y políticos que prevalece en Cuba». La Ccdhrn, que en enero ya denunció 1.052 arrestos, destacó además que solo dos meses de 2014 «suman más detenciones arbitrarias por motivos políticos que las contabilizadas a lo largo de 2010».
El informe se refirió además a los «vandálicos allanamientos» de la casa del opositor Jorge Luis García Pérez, «Antúnez», quien en febrero mantuvo una huelga de hambre en protesta por el asedio de miembros de la Policía y la Seguridad del Estado. «Antúnez» afirmó que le confiscaron objetos personales. También a la «brutal agresión policial con un objeto metálico» que sufrió el disidente Guillermo Fariñas, lo que según han denunciado le impidió asistir la semana pasada en Madrid a una reunión con destacados opositores cubanos.
Consenso de la oposición
En esa cita, distintos grupos de la disidencia llegaron a un consenso para exigir al régimen de los Castro «la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión, el respeto de los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos y el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana».
Fuente: ABC.es