Buenos Aires. - El gobierno argentino recortó el poder de Madres de Plaza de Mayo en la gestión de fondos públicos en casi todos los distritos donde administraba la construcción de viviendas, tras el escándalo por supuesto fraude al fisco, dijo una fuente gubernamental.

El ex apoderado de la entidad, Sergio Schocklender, fue acusado de malversación de fondos públicos en una causa judicial que aún se está ventilando y que arañó la imagen del gobierno nacional en medio de las pasadas elecciones distritales y en camino a las presidenciales del 23 de octubre, indicó AFP.

"Sólo se puso en marcha un cambio de modalidad, que tiene que ver con las responsabilidades", dijo a la agencia estatal Télam el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, responsable de los fondos por el Ministerio de Planificación Federal.

Una fuente oficial que pidió anonimato confirmó a la AFP el sábado los dichos de Fatala, aunque la información sobre el alcance de la medida aún es parcial.

Hasta el momento no se pronunció sobre el tema el responsable máximo del área, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien participaba este sábado en un acto junto a la presidenta Cristina Kirchner y miembros del gabinete en el sur del país.

El gobierno se propone introducir mayores controles en la gestión de fondos millonarios que estaban hasta ahora en manos del programa 'Sueños Compartidos', de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con ejecución de obras en las provincias de Misiones, Chaco, Salta, Santiago del Estero (norte), Santa Fe (centro), Buenos Aires, Río Negro (sur) y la capital argentina.

"La Fundación Madres de Plaza de Mayo ya no administra el programa 'Sueños Compartidos' a nivel nacional", había dicho el jefe de gabinete de la provincia de Misiones (noreste), Ricardo Escobar.

Según el funcionario, la decisión no alcanza a las obras que la entidad gestiona en la capital argentina.

Una fuente del gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo desconocer aún la nueva directiva.

"No tenemos noticias de que se haya modificado el plan en la provincia de Buenos Aires", dijo la fuente a la AFP.

El programa quedó en el ojo de la tormenta luego de la denuncia judicial por fraude al fisco contra Schocklender, separado de la entidad cuando estalló el escándalo dos meses atrás.

Schocklender, investigado por presunto lavado de dinero, defraudación a la administración pública y asociación ilícita, denunció a su vez a la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, quien firmó los balances que son objeto de estudio en la justicia.

El plan, lanzado por las Madres en 2007, construyó unas 5.000 viviendas, hospitales y escuelas y declaró haber utilizado 765 millones de pesos (191 millones de dólares), sobre un presupuesto de 1.250 millones de pesos (312 millones de dólares).

Otras organizaciones humanitarias cuestionaron que la entidad gestione la construcción de viviendas al opinar que es una actividad que debe quedar en manos del Estado.

En tanto miembros de la oposición criticaron al gobierno nacional por delegar esa función y no realizar suficientes controles sobre el dinero público.