Aislado y sancionado internacionalmente tras el colosal pucherazo en las presidenciales de diciembre y el encarcelamiento masivo de candidatos y opositores, con la economía del país en caída libre y su popularidad bajo mínimos, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, el «último dictador de Europa», trata desesperadamente de mantenerse en el poder intensificando la represión.

Según datos de la organización bielorrusa de defensa de los derechos humanos Vesna, en menos de un mes han sido detenidos 1.700 participantes en las llamadas «marchas silenciosas». Desde mediados de junio, los manifestantes acuden a las movilizaciones sin pancartas y no gritan consignas. Se limitan simplemente a aplaudir pacíficamente o a utilizar las bocinas de sus vehículos sin provocar altercados.

Lukashenko, un antiguo director de Koljoz (cooperativa agraria soviética), llegó al poder en 1994 con la promesa de restablecer las dotaciones y ventajas sociales que estuvieron vigentes en la Unión Soviética. Proclamaba además la unión con Rusia y, desde entonces, ha sido reelegido cuatro veces.

Consiguió con su programa filosoviético desplazar a su predecesor, Stanislav Shushkévich, uno de los artífices del acta que acabó con la URSS. El primer gesto de Lukashenko nada más convertirse en jefe del Estado fue abolir la bandera de la Bielorrusia independiente y restablecer la soviética.

Instauró un modelo económico basado en el sistema de planificación propio de la era comunista y utilizó el señuelo de la unión con Rusia para conseguircarburantes a precios subvencionados. Bielorrusia se convirtió así en el principal productor de artículos de consumo de bajo precio para un gran número de regiones rusas, cuyos habitantes carecen de poder adquisitivo para comprar lo que llega de la Unión Europea. La producción bielorrusa compite en el mercado ruso incluso con China.

Y ahora el milagro económico bielorruso empieza a desmoronarse irremediablemente: las reservas en divisa disminuyen, la moneda nacional devaluada, la inflación desbocada, un aumento significativo del paro y un déficit comercial galopante.

Gran parte de los males se deben a que Rusia ya no quiere vender a Lukashenko gas y petróleo baratos y a que el déspota ha dilapidado el presupuesto estatal subiendo los salarios a los funcionarios y las pensiones en la víspera de los pasados comicios. Por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo no darán más créditos mientras no se ponga fin a la economía planificada y se introduzcan reformas.

Todo el que se atreve a poner en duda la capacidad del Gobierno para superar la crisis va a parar a la cárcel. «La oposición y los analistas extranjeros están generando pánico en torno a nuestra economía y especulan sobre el origen del atentado en el metro. Son eslabones de una misma cadena que persiguen desestabilizar», alertó Lukashenko en abril, después de la acción terrorista que acabó con la vida de 13 personas en una estación del metro de Minsk. Y es que pronto no habrá sitio en las prisiones del país.

Así las cosas, Rusia surge como la única tabla de salvación de Lukashenko. Moscú ha concedido al país vecino un crédito de 3.000 millones de euros, pero a cambio de que el dictador privatice en favor de corporaciones rusas las principales empresas estatales. Para muchos observadores, un aumento aún mayor de la influencia del Kremlin en Bielorrusia supondría el principio del fin de Lukashenko. Resistir a viento y marea, caiga el que caiga, parece ya una cuestión de vida o muerte para el tirano.