El presidente venezolano evita pronunciarse abiertamente sobre las declaraciones del Episcopado que condenó la "brutal represión" del Gobierno chavista en las protestas callejeras

Por: Alfredo Meza

Caracas/ 4-4-2014

Dos opositores en una protesta en Venezuela. / F. PARRA (AFP)

No fue una alusión directa, pero quizá la decisión de crear un Consejo Presidencial de Derechos Humanos, tomada la tarde de este jueves porel presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea una respuesta indirecta a la contundente condena por la forma de reprimir las protestas opositoras, difundida en la víspera por la Conferencia Episcopal Venezolana

Muy distinto de su predecesor Hugo Chávez, quien no dudaba en polemizar e insultar a los obispos —a quienes tachaba de antirrevolucionarios— cada vez que le criticaban, Maduro ha optado por la cautela frente a los señalamientos y ha preferido responder con un hecho. La semana pasada había mencionado que la misión de cancilleres de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), que visitó Venezuela para intentar acercar a las partes enfrentadas, le había sugerido crear una dependencia que supervisara de cerca el respeto a los derechos de los manifestantes en momentos de crispación política. Una semana después ha concretado esa sugerencia en medio de una jornada de trabajo que incluyó entrega de viviendas, la firma de un acuerdo con empresas textiles para que vendan sus productos con el margen de ganancia del 30% establecido en la ley y las condenas de rigor a la violencia de los últimos días en Caracas.

A las 4:00 de la tarde, tras casi tres horas de transmisión, el jefe del Estado ordenó una cadena nacional para anunciar que la nueva dependencia —adscrita a la vicepresidencia de la República— estaría al mando del vicepresidente Jorge Arreaza y tendría la participación de los ministros de Interiores, Defensa y Comunas; de la defensora del Pueblo, la fiscal General y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; de dos diputados designados por la directiva de la Asamblea Nacional y tres representantes de organizaciones civiles con recorrido en la defensa de los derechos humanos. Serán 15 personas en total que tendrán la asesoría de lo que Maduro llamó “un conjunto de expertos” designados por Unasur.

El Gobierno no ha podido ocultar la preocupación que le genera el varapalo que ha recibido su imagen en el exterior. Este anuncio de Maduro se suma al parte semanal de los disturbios en todo el país ofrecido por la fiscal General Luisa Ortega Díaz. Hasta el 27 de marzo ese despacho había iniciado 81 averiguaciones a través de su dirección de Protección de Derechos Fundamentales. La mayoría de esos casos, 75, están referidos a tratos crueles dispensados por la policía antimotines durante los disturbios. Los restantes seis incluyen dos investigaciones por tortura, dos casos por homicidio frustrado y dos por homicidio consumado. Por estos casos la Fiscalía mantiene a 17 personas tras las rejas.

Esa disposición oficial de castigar la represión contrasta con la manera cómo se siguen enfrentando las protestas. En Caracas, por ejemplo, el Gobierno se niega a permitir manifestaciones que traspasen el límite que divide al Este y sureste de Caracas, mayormente opositor, del Oeste chavista y dispersa con dureza cualquier intento en contrario. Este jueves los estudiantes opositores intentaron caminar desde la Universidad Central de Venezuela (UCV) hacia la sede de Petróleos de Venezuela, en el municipio Libertador, gobernado por el oficialista Jorge Rodríguez, para reclamar soluciones al desabastecimiento y la crisis económica, pero fueron reprimidos con bombas lacrimógenas, perdigones y chorros de agua. Ni siquiera pudieron salir del claustro académico porque un cordón de la policía antimotines lo impidió.

Al mismo tiempo, los grupos armados del chavismo atacaron desde la escuela de Trabajo Social, una de las facultades más identificadas con la izquierda radical que apoya al Gobierno, que fue destrozada por los violentos. Seis trabajadores de la prensa fueron atacados por estos grupos y a dos de ellos les robaron sus cámaras de vídeo. El secretario de la UCV Amalio Belmonte informó de la presencia de encapuchados que asediaron a estudiantes y de heridos en las escaramuzas que luego fueron trasladados a un hospital cercano.

Este viernes la oposición volverá a la calle en dos turnos: temprano en la mañana caminará desde el barrio de La Boyera, en el sureste, hacia la urbanización Santa Fe, convertida por estos días en el centro de las protestas de la oposición. En la tarde, convocada por el casi proscrito partido Voluntad Popular, cuyos líderes están encarcelados o en la clandestinidad, se concentrará en la plaza Brión de Chacaíto para intentar llegar hasta la vicepresidencia de la República en el centro de Caracas. Para el chavismo es un punto de honor que quienes rechacen su credo no manifiesten en su territorio. La oposición más ganada a la idea de salir en un plazo breve de Maduro quiere seguir intentándolo.

Fuente: El País