El Parlamento Europeo exige a Maduro que ponga fin a la persecución y represión de la oposición

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por amplia mayoría una dura resolución sobre la situación en Venezuela en la quereprocha al Gobierno de Nicolás Maduro llevar a cabo detenciones «arbitrarias» de líderes opositores y estudiantes que se manifiestan contra sus políticas, y en la que los eurodiputados reclaman el fin de la «persecución y represión» política en el país.

También reclaman la liberación «inmediata» de líderes opositores comoLeopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, y de todos los que han sido encarcelados por motivos políticos. En este sentido, los eurodiputados consideran que ha quedado acreditado que fueron detenidos por «ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales», por lo que instan a las autoridades a «retirar las acusaciones infundadas» contra ellos.

Mientras, piden a las autoridades venezolanas que aseguren que todos los presos políticos reciben la atención sanitaria que requieran y también que se les permite contactos "inmediatos, privados y regulares" con sus familiares y con los abogados que ellos designen.

La resolución --consensuada entre el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas (S&D) , Liberales (ALDE) y Conservadores y Reformistas (ECR)-- ha reunido los votos a favor de 384 eurodiputados, frente a 75 votos en contra y 45 abstenciones.

El texto muestra la «preocupación" de la Eurocámara por los ataques a la oposición política durante este año especialmente, por ser año electoral. Por ello, los eurodiputados advierten de que esta situación "puede poner en duda tanto la legitimidad como los resultados" del proceso electoral.

«Un Estado democrático no debe criminalizar a los líderes de la oposición política y debe garantizar la participación de todos los sectores en la vida política del país y la protección de los Derechos Humanos de quienes se declaren parte de la oposición", dice la resolución, recogiendo una declaración de la organización Human Rights Watch del pasado febrero.

Fuente: Europa Press