Orientales en La Habana: éxodo silenciado por el régimen cubano

Una noche caliente y aburrida, tomando un aguardiente que te sacaba las lágrimas, Yosvany y un grupo de amigos de un batey recóndito de Yateras, en la provincia Guantánamo, a más de mil kilómetros al este de La Habana, planificaron asentarse en la capital para intentar cambiar su futuro.

“El caserío donde vivíamos no aparece ni en el mapa. Está en una región montañosa y allí la rutina de los más jóvenes es beber alcohol, templar yeguas y acostarse a dormir temprano. La deserción escolar es elevada y muchas niñas con 14 o 15 años ya son madres. Aquel villorrio es lo más parecido al infierno”, cuenta Yosvany sentado en su bicitaxi.

Dos días después de aquella noche, Yosvany y sus socios tomaron un tren rumbo a la capital. Tras 22 horas de viaje, controles policiales en busca de queso, café o marihuana, llegaron al supuesto El Dorado.

“Yo solo había visto La Habana por la televisión. Nunca había visto tantos autos ni edificios altos como el Focsa o el hotel Habana Libre. Las primeras fotos que le envié a mis padres fueron delante del Capitolio, como hacen todos los guajiros, y tomando cerveza de lata en un bar habanero. Es verdad que la ciudad está empercudida y casi en ruinas, pero al lado de las provincias orientales es Miami”, dice.

Como Yosvany, hay cientos de orientales en La Habana. La jerga oficial, displicente y estirada, los etiquetan como ‘población flotante’. Según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, medio millón de compatriotas residen en la urbe en un auténtico limbo jurídico.

Desde 1997 existe un oprobioso decreto-ley, el 217, que prohíbe radicarse en la capital a personas que no nacieron en ella. Apartheid en estado puro.

Mientras las campañas de opositores cubanos machacan sobre las arbitrariedades del poder, la represión a quienes piensan diferente y las violaciones flagrantes de los derechos políticos, la infame normativa pasa de puntillas.

Un ejemplo. La espuria Ley 88, que sanciona con 20 años de cárcel a un periodista disidente o activista de derechos humanos está vigente, pero no se aplica. Todo lo contrario ocurre con el decreto-ley 217.

Si usted recorre los caseríos repletos de covachas mugrientas de aluminio y cartón, sin luz eléctrica ni servicios sanitarios en las afueras de La Habana, podrá comprobar lo que es vivir acosado por una ley.

Esas familias viven en tierra de nadie, en un status indefinido. Para los registros burocráticos no existen. No están asentados en el Registro Civil ni en la OFICODA, organismo que implementa la libreta de racionamiento.

Hace 14 años, Magda llegó desde Mayarí, Granma, a 800 kilómetros de la capital. Su vida es comparable a la de una gitana. “Mis tres hijos son ilegales en la escuela. Yo estoy en el papeleo para legalizar un cuarto que construí en San Miguel del Padrón. No tenemos libreta para comprar los mandados (canasta básica) y no podemos conseguir empleo por ser clandestinos”.

Gracias a los negocios subterráneos, Magda gana un dinero que ni soñar en su provincia. “Mi esposo recoge dinero para la ‘bolita’ (lotería ilegal) y junto a unos amigos, los fines de semana arman una valla de peleas de gallos. Todos los meses ese ‘bisne’ le deja buena plata. Yo vendo lo que aparezca, desde tabletas de maní molido hasta esponjas de baño. Los orientales somos luchadores por naturaleza. Hacemos trabajos que los habaneros les huyen”.

El acoso policial a los orientales en situación ilegal es constante. En los superpoblados barrios de la Habana Vieja, agentes policiales vestidos de negro con perros pastores alemanes están al acecho.

“Parecen nazis. A mí me han enviado tres veces de vuelta a Santiago. Pero me las agencio para volver. Aquello está que arde. Los bolsillos vacíos y la gente no tiene cómo prosperar. En la capital abunda el billete. Existen burujones de negocios por debajo del tapete”, señala Ernesto, técnico industrial que lleva seis años residiendo clandestinamente en La Habana.

Según Ernesto, lo más peligroso son los policías. “Casi todos son orientales, pero ni por qué son paisanos te dejan tranquilo. Pero como hay tanta corrupción, se resuelve con dinero. El otro problema es que muchos habaneros nos ven como intrusos, dicen que venimos a quitarle sus puestos de trabajo. Nos llaman ‘palestinos’ y nos han dado fama de borrachos y chivatos”.

Una tarde de 2009, Ernesto decidió quemar todas las naves. Vendió su casa en el marginal barrio de Chicharrones en Santiago de Cuba, y en los arrabales de La Habana levantó un corral techado donde cría más de 50 cerdos.

“Me gano la vida vendiendo puercos. Los engordo con pienso comprado en almacenes estatales y con sobras que se consiguen en comedores escolares. El dolor de cabeza es la policía, que no te deja vivir. Ser oriental sin papeles en La Habana es vivir en constante zozobra. Parece que Fidel y Raúl no se acuerdan que ellos también son orientales”, enfatiza.
En cualquier municipio de La Habana, los ilegales orientales sobreviven refugiados en la clandestinidad. Como sea. Conduciendo un bicitaxi, criando cerdos o prostituyéndose. Siempre al filo de la navaja.