Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a libertad de expresión y de prensa.

Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a libertad de expresión y de prensa. La constitución prohíbe la propiedad privada de medios de difusión y permite la libertad de expresión y del periodismo solo si "mantiene los objetivos de la sociedad socialista".209

El código penal ofrece a las autoridades cubanas una variedad de disposiciones penales para reprimir el disenso y castigar a aquellos que sean abiertamente críticos del gobierno. en general, el código penal aborda tres formas de delitos de difamación: difamación, injuria y desacato a la autoridad.

El Código Penal de Cuba penaliza expresamente la difamación y la calumnia en su sección sobre delitos contra el honor.210 En particular, el artículo 318 establece que "[e]l que, ante terceras personas, impute a otro una conducta, un hecho o una característica contrarios al honor, que puedan dañar su reputación social, rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a la pérdida de la confianza requerida para el desempeño de su trabajo, profesión o función social" será castigado con tres meses a un año de prisión o una multa, o ambas.211 De manera separada, el código penal mantiene una prohibición contra la difamación de cualquier institución de gobierno, organizaciones políticas o "héroes o mártires de la República", que también es punible con tres meses a un año de prisión o multa.212

Además, el artículo 319 tipifica el delito de calumnia, estableciendo que "[e]l que a sabiendas divulgue hechos falsos que redunden en descrédito de una persona" será sancionado con seis meses a dos años de prisión o una multa.

El Código Penal de Cuba también penaliza las injurias en su sección sobre delitos contra el honor.213 Específicamente, el artículo 321 establece que "[e]l que de propósito, por escrito o de palabra, a través de dibujos, gestos o actos ofenda a otro en su honor", será castigado con tres meses a un año de prisión o una multa.

Además de las disposiciones antes mencionadas, el Código Penal de Cuba también sanciona la calumnia, difamación, insulto o injuria "o cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva" contra funcionarios públicos de alto rango, con hasta tres años de prisión.214 En particular, el artículo 144 sanciona esta conducta con tres meses a un año de prisión y/o una multa cuando dicha conducta esté dirigida contra un funcionario público. Sin embargo, cuando la conducta esté dirigida contra el presidente u otros funcionarios de alto rango, la sanción es de uno a tres años de prisión y/o multa. Esta disposición ha sido considerada entre las más inquietantes para la libertad de prensa debido a su ambigüedad y aparentemente ilimitada aplicación.215

Las leyes cubanas incluyen otras disposiciones penales de amplio alcance que han sido usadas para restringir el ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, Cuba mantiene prohibiciones contra la difusión de "noticias falsas" con el fin de "perturbar la paz internacional" o "poner en peligro el prestigio del estado cubano o desacreditarlo".216 Este delito es punible con uno a cuatro años de prisión. Además, el artículo 103 del código penal prevé sanciones de hasta quince años de prisión por la participación en "propaganda enemiga".217 Del mismo modo, la Ley de Dignidad Nacional de 1997 establece penas de prisión de tres a diez años para "cualquier persona que, de manera directa o indirecta, colabore con medios de comunicación del enemigo", que está dirigida a las agencias de noticias independientes que envían su material al exterior.218

Son de particular interés el artículo 91 del código penal, que impone largas penas de prisión o la muerte para aquellos que actúan contra "la independencia o la integridad territorial del estado",219 y la Ley 88 para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que impone hasta veinte años de prisión por pasar información al gobierno de los Estados Unidos, o buscar información clasificada "destinada a interrumpir el orden interno, desestabilizar al país y terminar el estado socialista y la independencia de Cuba".220

Por último, el Código Penal de Cuba ofrece varias otras disposiciones penales que han sido usadas para restringir la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión pacífica221 tales como los cargos de rebelión,222 impresiones clandestinas,223 peligrosidad social predelictiva,224 asociaciones ilícitas, reuniones y manifestaciones,225 resistencia226 y espionaje.

Las estructuras legales e institucionales de Cuba están bajo el control estricto del ejecutivo. Las leyes que penalizan la difamación, el desacato y la "propaganda enemiga" han sido ampliamente usadas para restringir la libertad de expresión bajo la apariencia de proteger la seguridad del estado.

A lo largo de los años, cientos de personas han sido encarceladas en Cuba por expresar pacíficamente sus opiniones. el hostigamiento, la intimidación, la detención arbitraria y las acusaciones penales continúan siendo usadas para restringir la expresión y distribución de información u opiniones críticas al gobierno. Están dirigidos a disidentes y críticos, en muchos casos periodistas independientes y activistas políticos y de derechos humanos.

En Cuba, la mayoría de las acusaciones penales que amenazan la libertad de expresión han incluido cargos por desacato a la autoridad, conforme al artículo 144 del código penal, "propaganda enemiga", conforme al artículo 115, actuar contra "la independencia o la integridad territorial del estado", conforme al artículo 91, que a menudo se usa en conjunto con la Ley 88. Además, la mayoría de las acusaciones penales por difamación hacen referencia a la difamación de organizaciones e instituciones públicas, héroes y mártires nacionales, que también a menudo se usa en conjunto con otras disposiciones para frenar la libertad de expresión al evitar el debate público y la crítica a las autoridades y a las políticas de gobierno.

Un ejemplo reciente y notorio del uso de las leyes de difamación y "desacato" para hostigar a periodistas en Cuba, es el caso contra Calixto Martínez Arias. Calixto Martínez Arias, un periodista independiente cubano, fue encarcelado por el gobierno de Cuba el 16 de septiembre de 2012 por informar sobre un nuevo brote de cólera en la isla y alegatos de que los medicamentos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud para enfrentar el brote no estaban siendo distribuidos. Martínez fue acusado de desacato por faltar el respeto al ex líder, Fidel Castro, y a su hermano, el presidente Raúl Castro, en contravención al artículo 144 del código penal. Enfrentaba hasta tres años de prisión. Sin embargo, el famoso activista por los derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en La Habana, le informó al CPJ que Martínez Arias fue en realidad arrestado por su trabajo periodístico.

La comunidad internacional criticó el encarcelamiento de Martínez Arias e hizo un llamamiento a las autoridades cubanas para su inmediata liberación. Fue finalmente liberado el 9 de abril de 2013 y nunca fue formalmente acusado.

La legislación penal de difamación de Cuba no aborda expresamente las comunicaciones móviles o por Internet. Sin embargo, la Ley de Dignidad Nacional de 1997 establece penas de prisión de hasta diez años para "cualquier persona que, de manera directa o indirecta, colabore con los medios de comunicación del enemigo", la cual está destinada a las agencias de noticias independientes que envían su material al exterior.228

Los medios de comunicación digitales están comenzando a tener una función más importante en Cuba, llevando noticias de los eventos que suceden en Cuba al resto del mundo. También hay una pequeña pero vibrante comunidad de blogueros en Cuba, aunque sus sitios están albergados en el exterior y en su mayoría no están disponibles para los cubanos locales. Si bien los blogueros aún no han sido encarcelados por su trabajo, a menudo enfrentan hostigamiento e intimidación. Por ejemplo, algunos blogueros disidentes bien conocidos, como Yoani Sánchez, fueron detenidos por años y se les impidió viajar al exterior, aunque esa restricción fue levantada junto con las solicitudes de visas de salida, en 2013.

Los teléfonos móviles estuvieron prohibidos en Cuba hasta marzo de 2008, cuando Raúl Castro levantó la prohibición de los teléfonos móviles junto con la de otros bienes de consumo, y no hay señales de que se hayan usado o aplicado leyes de difamación o de desacato a las comunicaciones móviles.

El gobierno cubano ha estado poco dispuesto a apartarse de su larga represión a la libertad de expresión, incluso mientras sus líderes hablan de cambio político y económico. En consecuencia, no se ha sabido de esfuerzos por modificar o derogar la legislación penal de difamación de Cuba, ni ha habido debate alguno sobre la despenalización de la difamación. De hecho, a pesar de haber menos detenciones a largo plazo de periodistas en los últimos años, el CPJ encontró que el gobierno continúa persiguiendo agresivamente a los periodistas críticos usando métodos tales como detenciones arbitrarias, detenciones a corto plazo, deportaciones internas, arrestos domiciliarios, palizas, campañas de desprestigio y vigilancias.

Fuente: cpj.org