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Algunos de los acusados: El ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol; el gobernante Nicolás Maduro; el ministro de Defensa Vladimir Padrino López; el vicepresidente, Tareck El Aissami; y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y el ex comandante general de la Guardia, Antonio Benavides Torres. EFE/AFP/AP Ilustración el Nuevo Herald
Por: Antonio Maria Delgado
Miami/ 20-11-2017
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrado por la oposición venezolana anunció el lunes desde Miami que presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya una denuncia acompañada por pruebas que acusan a cerca de 60 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro de participar en crímenes de lesa humanidad.
La denuncia, presentada ante el TSJ inicialmente por el ex ministro de Maduro Hebert García Plaza, acusa a los líderes del régimen de instaurar un esquema sistemático de persecución política que convierte en enemigos del Estado a cada ciudadano en desacuerdo con el proyecto político impulsado por el chavismo.
Bajo el esquema de sometimiento y de control social que ya está siendo implementado, “las personas ideológicamente contrarias a su proyecto [político], serán dominadas, movilizadas o destruidas. Todo con el propósito de hacer dicha Revolución [socialista], irreversible”, señala el texto de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional.
Entre los altos jerarcas del régimen bolivariano acusados en la denuncia se encuentran Maduro; el ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol; el ministro de Defensa Vladimir Padrino López; el ex comandante general de la Guardia, Antonio Benavides Torres; el vicepresidente, Tareck El Aissami; y el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Entre los acusados también figuran el director de la Policía Nacional Bolivariana, General de Brigada Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Comisario General Douglas Rico; y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, General en Jefe Gustavo Enrique González López.
La decisión de acudir ante la Corte Penal Internacional (CPI) fue tomada por la Sala de Casación Penal del TSJ, al verse imposibilitada de asumir directamente denuncias introducidas por individuos particulares. Según las leyes vigentes en el país, esa función pertenece exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, explicó el presidente de la Sala de Casación, José Troconis Da Silva, en una conferencia de prensa realizada el lunes en Miami.
“Esta Sala […] no tiene atribuciones para conocer de denuncias sobre hechos punibles […] Pero después de haber analizado el escrito de denuncia presentado […], consideramos que como máximos representantes del poder judicial en materia penal, tenemos la obligación de darle una respuesta a quien busca justicia”, manifestó Troconis en la rueda de prensa.
“En los hechos narrado por el ciudadano Hebert García Plaza, esta Sala aprecia una serie de actos que pudieran subsumirse en delitos previstos en los artículos cinco, seis y siete del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como son los delitos de asesinatos, encarcelación en violación de normas fundamentales del derecho internacional, y persecución de un grupo fundado en motivos políticos”, añadió.
La amenaza de violencia aunada a la instauración a un perverso sistema de apartheid político, donde solo las personas que juran lealtad a la revolución, a través de la adquisición del denominado “Carnet de la Patria”, podrán tener acceso a las medicinas y a los alimentos, colocaría a los venezolanos en una difícil encrucijada, resalta la acusación.
Al menos “unos 20 millones de venezolanos [podrían verse] obligados a abandonar su país o correr el riesgo de morir por mala alimentación y falta de medicamentos o ser encarcelado o asesinado por las fuerzas del gobierno”, añade el documento.
Troconis, quien en la rueda de prensa se encontraba acompañado por el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, señaló que los documentos anexos a la denuncia presentada establecen que la polarización en Venezuela es el resultado directo de políticas establecidas por el régimen.
“Apreciamos, como dato preparatorio, el diseño de una ideología política cuyo objetivo es la confrontación entre dos bandos. Uno llamado como fuerzas amigas, y otro llamado fuerzas enemigas”, manifestó.
En la rueda de prensa también se encontraban los magistrados Cruz Alejandro Graterol Roque, y Alejandro Rebolledo. El grupo, nombrado por la Asamblea Nacional a mediados de este año, se vio obligado a salir del país bajo amenaza de ser arrestados por los organismos de persecución de Maduro.
Desde entonces, el grupo ha estado reuniéndose y operando desde el exterior.
El anuncio del TSJ se produce una semana después que la también exiliada fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitara ante la CPI la captura de Maduro y de otros altos funcionarios por acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
Ortega dijo que contabilizó 8,290 muertes entre 2015 y 2017 a manos de “funcionarios militares y policiales” que cumplían instrucciones del alto gobierno. Para ello introdujo más de “1,000 elementos probatorios” ante la CPI.
Ortega también presentó pruebas de “represión” durante las protestas de este año, algunas a manos de oficiales.
“Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por esto”, enfatizó.
Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Venezuela, anuncia el lunes en Miami que introducirá una denuncia por crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por funcionarios del chavismo. CARL JUSTE cjuste@miamiherald.com
Fuente: El Nuevo Herald
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