Panamá se convierte en el primer país latinoamericano en imponer sanciones contra funcionarios venezolanos

"Panamá toma la iniciativa en Latinoamérica y coloca sanciones directas contra personas vinculadas a lavado de dinero. De la palabra a la acción. Ese es el camino correcto en esta etapa", escribió en su cuenta de la red social Twitter el coordinador político del partido opositor Voluntad Popular, Carlos Vecchio.

​Las sanciones implican un reforzamiento del control financiero a 55 funcionarios venezolanos entre los que se encuentran el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y constituyente Diosdado Cabello, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y otros líderes del oficialismo.

Por su parte, la ex fiscal general y prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz, señaló en la misma red social que "las medidas anunciadas por Panamá contra funcionarios del régimen madurista deben ser adoptadas por otros gobiernos de la región", debido a que son "acciones positivas dirigidas a desarticular financieramente a los grupos de delincuencia organizada enquistados en el poder en Venezuela".

Ortega Díaz abandonó Venezuela en agosto de 2017 junto a su esposo, el diputado hasta entonces oficialista Germán Ferrer, al ser investigada por presuntamente liderar una red dedicada a extorsionar a empresarios ligados a casos de corrupción en compañías estatales.

También fueron sancionadas 16 empresas venezolanas vinculadas al oficialismo que no podrán mantener relaciones comerciales ni financieras con Panamá.

El listado difundido por el Gobierno de Panamá fue creado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.