Ratko Mladic, el ex jefe militar de los serbios de Bosnia, ya está en La Haya donde será acusado de genocidio y crímenes de guerra. Las autoridades judiciales serbias hicieron saber en la mañana de ayer que se cumplen todos los requisitos jurídicos y médicos para la firma de su orden de extradición. El ex general fue de inmediato trasladado en un avión oficial a la sede del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
Con anterioridad y a primeras horas de la mañana, las autoridades serbias permitieron que Mladic visitase en uno de los cementerios de Belgrado la tumba de su hija Ana, que se suicido en 1994 a la edad de 23 años. Visita que se realizo bajo una fuerte custodia policial, escoltado por una ambulancia y sin previo aviso.
Mladic, de 69 años, está acusado por el TPIY de crímenes de guerra y contra la humanidad por su papel en la guerra de Bosnia (1992-1995). Se le acusa en particular de la matanza de 8.000 personas en Srebrenica en 1995, la mayor masacre registrada en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
«Los médicos han dicho que Mladic se encuentra en condiciones de hacer frente al proceso», afirmó una fuente judicial serbia, según la cual el ex comandante del ejército serbobosnio fingió desde su detención sufrir trastornos mentales para retrasar su traslado a La Haya. Este fue también el argumento central del recurso presentado el lunes por su abogado defensor, Milos Saljic, contra la orden de extradición. Saljic sostiene que no puede entregarse a un tribunal internacional a una persona que no puede defenderse y que podría perecer durante el viaje. El viaje, desde luego, lo sobrevivió.
El recurso fue rechazado por un comité de tres magistrados. El comité tenía tres días a partir del lunes para decidir, pero lo hicieron al día siguiente de recibir el recurso de la defensa, lo que indica que las autoridades de Belgrado deseaban extraditarlo lo antes posible y evitar así cualquier complicación de última hora.
Mladic solicitó que durante el viaje a La Haya se le permitiera vestir su uniforme de general. Según el diario de Belgrado «Kurir», el ex general había pedido también visitar la tumba de su hija, vestido con su uniforme de gala, lo que al parecer no le fue permitido. Pidió además un reloj de pulsera de metal, lo que tampoco fue autorizado. E incluso quiso jugar una partida de ajedrez con el fiscal Vekaric. Según la prensa serbia, entre ambos surgió una relación de simpatía, hasta el extremo de que Mladic se dirigiría a él por su nombre de pila, costumbre nada usual entre un magistrado y un imputado. «Tiene la misma edad de mi hijo Darko» habría dicho Mladic.
Entre tanto en La Haya, el Fiscal general del TPIY, Serge Brammertz, de 49 años, esperaba ayer con impaciencia la llegada de uno de los mayores presuntos criminales de guerra después de la II Guerra Mundial. Brammertz será quien en la primera audiencia le lea los cargos, 11 en total, que incluyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo mismo le correspondió hacer hace tres años con el jefe político de Mladic, el psiquiatra y ex presidente de la «república serbia de Bosnia», Radovan Karadzic, detenido en La Haya desde mediados de 2008.
El proceso contra Karadzic —por los mismos cargos que se le imputan a Mladic— se reanudó ayer. Karadzic ha afirmado que su ex paciente demostrará que él no cometió los crímenes por los que fue imputado. El problema es que Mladic dice que él tampoco tuvo nada que ver con la matanza de Srebrenica.
En relación con el proceso contra Mladic que se iniciará en los próximos meses, el gobierno de Serbia hizo saber ayer que no correrá con los gastos de la defensa del imputado.Sólo le ayudará con 200 euros mensuales y pagará el precio del pasaje en avión hasta Holanda a los familiares del imputado. Dusan Ignjatovic, director de la Oficina para la colaboración con el TPIY, subrayó que Serbia no financia la defensa de los acusados por crímenes de guerra y que sólo les destina una pequeña mensualidad para sus gastos en la cárcel. El año pasado Belgrado ayudó a 21 imputados que están siendo procesados actualmente en La Haya, para los que destinó 186.000 euros.
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