Por Pablo Morales Marchán.
El gran auto robo que el cubano comete al creer que le roba a los Castro, es la mayor flagelación que se hace a sí mismo.
El Estado tiene el deber inalienable de representar y administrar los recursos producidos por los cubanos, para que estos eleven su nivel de vida, pero lo que en realidad hace es apropiarse de ellos sin el más mínimo sonrojo.
La falta de responsabilidad de los ciudadanos por la propiedad social eufemismo utilizado para designar los bienes materiales de la nación valida la apropiación indebida por la cúpula gobernante que decide cómo repartir a conveniencia personal.
El Estado ha resultado ser un negocio privado de los Castro. Ellos, organizan y diseñan; distribuyen y determinan qué se hace con el patrimonio material y espiritual del país. Toda esta enajenación inducida ex profeso por el régimen permite actuar al gobierno con toda la libertad indebida.
La comercialización de bienes y servicios necesita de proveedores fiables y permanentes, y en Cuba eso nunca ha estado garantizado. Esta realidad siempre se enmascaró bajo el argumento del embargo de los Estados Unidos.
Por mucho tiempo crearon un marco ilegal, desprendido de una burocracia sociolista e inmovilizadora, para frenar la iniciativa privada. Después de operar clandestinamente y generar ciertos ingresos, sus emprendedores eran enviados a la cárcel y las propiedades decomisadas, sin una fiscalización de su destino.
Ahora, frente al reordenamiento de la fuerza laboral estatal, el empuje de los nuevos “cuentapropistas”, y la gran crisis mundial, el reordenamiento económico se impone por la necesidad de supervivencia de un sistema mutante que trata de encontrar un nuevo hospedero para poderse replegar y mantener la actitud parásita que lo ha caracterizado.
Fuente: Hablemos Press/ La Habana.
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