Esta Página, "Voz Desde el Destierro", pretende que sea una tribuna en la Red de redes, para aquellos que no tienen voz dentro de la isla de Cuba, para romper el muro de la censura, la triste y agobiante realidad del pueblo cubano. Editor y redactor: Juan Carlos Herrera Acosta. Ex-preso Político de la causa de los 75.
La Habana, 24 feb (EFE).- Cuba juzgará el próximo 4 de marzo al contratista estadounidense Alan Gross, detenido en la isla desde finales de 2009 y acusado de delitos contra el Estado cubano, en un caso que ha enrarecido aún más la confrontación entre La Habana y Washington.
La fecha del juicio contra Alan Gross fue divulgada hoy en la isla por medios oficiales cubanos y comunicada por vía diplomática al Gobierno de Estados Unidos, al que también se notificó que sus representantes consulares, familiares del contratista y abogados de su familia podrán participar en la vista.
La Fiscalía de Cuba pide una pena de 20 años de cárcel para este ciudadano estadounidense por un delito de "actos contra la independencia o la integridad territorial" del país, recogido en el artículo 91 de su Código Penal.
La fecha del juicio se ha fijado después de que "todas las pruebas presentadas por la defensa en su escrito de conclusiones provisionales fueron admitidas", según reza la nota divulgada en La Habana.
Alan Gross, de 61 años, es un subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) y trabaja para la empresa Development Alternatives (DAI), con sede en Maryland, que se dedica a labores de desarrollo en otros países.
Su detención se produjo el 3 de diciembre de 2009 por distribuir ilegalmente, según Cuba, "sofisticados" equipos de comunicación satelitales a una comunidad judía radicada en la isla, aunque los cargos contra Gross se han presentado catorce meses después.
En la época de la detención, el propio presidente Raúl Castro mencionó el asunto en un discurso para ponerlo como ejemplo de que Estados Unidos "mantiene intactos los instrumentos de su política de agresión a Cuba".
La detención de este contratista se ha convertido así en un nuevo escollo en las difíciles relaciones entre Cuba y Estados Unidos, enfrentados desde hace más de cincuenta años.
El Gobierno de EE.UU. ha pedido en numerosas ocasiones la liberación de Alan Gross y considera que la petición de 20 años de cárcel "agrava la injusticia sufrida por un hombre que estaba ayudando a aumentar el libre flujo de información de, hacia y entre el pueblo cubano", según declaró Washington cuando se conoció a primeros de mes la pena planteada por el fiscal.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se ha reunido más de una vez con la familia Gross y se ha implicado personalmente en el caso.
Estados Unidos considera, además, que la situación de Gross impide avanzar en temas de interés común con Cuba.
Hoy, el portavoz del departamento de Estado, P.J. Crowley, expresó su deseo de que Alan Gross tenga un juicio justo y pueda volver a casa.
Asimismo, reiteró que lo que hizo el contratista "no es un crimen", según reseñó Crowley en su cuenta de Twitter.
El pasado enero, el "caso Gross" volvió a matizar las conversaciones migratorias entre ambos países que tuvieron lugar en La Habana si bien en esa ocasión la subsecretaria de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, al frente de la delegación estadounidense, pudo visitar al contratista.
Posteriormente, representantes de la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana también han podido verlo, según dijeron hoy a Efe fuentes de ese organismo.
Los delitos de que se acusa a Gross están recogidos en el artículo 91 del código penal cubano, donde se señala que "el que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte".
El portavoz de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, recordó hoy que se trata de un artículo que se ha aplicado para condenar a muchos disidentes en la isla.
Sánchez, en declaraciones a Efe, consideró que las acusaciones de espionaje o subversión para Gross por distribuir esa tecnología están "muy traídas por los pelos".
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