Jorge Alberto Liriano Linares/ Hablemos Press.
Camagüey, 29 de febrero.- Con la encomienda de aliviar las precarias condiciones de vida y los altos niveles de hacinamiento en las cárceles de La Habana, cada año la dirección de establecimientos penitenciarios destierra centenares de prisioneros a las cárceles del interior de la isla.
El fenómeno discriminatorio alcanza elevadísimas cifras de condenados sometidos al destierro, distribuidos por todo el territorio nacional.
La práctica arrastra consigo mayores penurias y vicisitudes para presos y familiares.
En su mayoría estos sancionados pasan años sin visitas familiares producto de la lejanía, la falta de recursos y las difíciles condiciones de transporte que enfrenta el país.
Peor aún son las condiciones de vida y los malos tratos que deben enfrentar los que arriban víctimas de la exclusión. Se suma a ello las manifestaciones de odio y rechazo de las autoridades que sin ningún tipo de escrúpulo demuestran abierto recelo regionalista contra los desterrados.
Y es que en los retorcidos caminos de criminales violaciones en los centros penitenciarios de la isla, sobran suficientes pruebas de los perfiles racistas empleados por el órgano central de las prisiones.
Según datos oficiales, unos 50 000 presos se encuentran aislados en cárceles del interior, y el 90 %, aproximadamente, pertenece a la raza negra; casi en su totalidad de procedencia pobre y con graves trastornos mentales.
Al respecto recogimos valoraciones de algunos reclusos sobre el espinoso tema y arrojan criterios que nos invitan a meditar sobre la xenofobia carcelaria en Cuba y la corrupción de los militares.
El preso común Adalberto Izquierdo Oliver no se oculta para declarar su rechazo ante la política de intolerancia de las fuerzas represivas al servicio del régimen que sin lugar a dudas también se refleja en el interior de las cárceles. Este sacerdote de la religión de Yoruba opina sobre los altos niveles de corrupción en las instancias de la dirección general de establecimientos penitenciarios, acotando cómo presos con sobrada solvencia económica abonan cifras de
dinero a las autoridades para evitar ser desterrados a las cárceles del interior, convirtiendo la política de destierro, en un lucrativo negocio.
Por otro lado, el preso Ernesto Masía Hernández, hijo de un funcionario del Ministerio del Interior, otrora participante en la guerrilla del Che en el Congo, se pronuncia en el mismo sentido, argumentando cómo muchas familias han sacrificado sus recursos y sus bienes para pagar 300 pesos en CUC a funcionarios del órgano nacional de prisiones con el objetivo de regresar a sus familiares a las cárceles habaneras, precio del que desvergonzadamente funcionarios corruptos acceden al reintegro del desterrado.
En lo referente a este tipo de problemas, el sistema penitenciario cubano emerge como un órgano corrompido y represivo donde figuran los más altos índices de intolerancia, desigualdad y discriminación Racial.
Hoy, miles de presos procedentes de la zona occidental de la isla se pudren en la desesperación, la desesperanza y el desconsuelo de nunca más regresar a su lugar de residencia.
La xenofobia carcelaria es como un virus que años tras años atrapa nuevas víctimas que por lógica tienden a sufrir las mayores violaciones a sus derechos humanos.
El mensaje está claro: Los presos cubanos no viven ni son tratados como seres humanos; mucho menos si eres negro, pobre y habanero
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