La Habana, 4 de Julio.- El argumento que esgrimen las autoridades
del gobierno para ordenar el desalojo de una vivienda es la
condición de ilegalidad de los ocupantes del inmueble.
Parece justo. Suena como a ley que busca establecer límites
entre civilización y barbarie; sólo que no es tan simple, porque no
se trata de ciudadanos irracionales que sin ningún motivo deciden
salir -como piratas modernos-, a tomar por asalto cuanta
vivienda deshabitada o terreno baldío encuentran a su paso.
Las familias que son víctimas de desalojo (cada vez el número es
mayor en toda la isla), son grupos humanos que se han extendido
a lo largo de todo el país como resultado de un crecimiento
poblacional que no puede ser asimilado por la incapacidad del
régimen para crear un fondo habitacional que pueda proveer
suficientes viviendas para enfrentar este fenómeno absolutamente
natural.
Sin embargo, Cuba posee grandes extensiones de tierras
abandonadas, que además de ser cultivables pueden ser
utilizadas para construir viviendas; es decir, no es un problema
de espacio, sino de voluntad política para generar soluciones
con la inmediatez que demanda la crisis.
Ahora bien, esta nota no es un estudio sobre las causas
y posibles soluciones para el problema de la vivienda en Cuba. De
lo que se trata es de establecer el derecho de cualquier ciudadano
a ser tratado con respeto y justicia.
¿Cuándo la ilegalidad es ilegal?
Si un ciudadano comienza a construir una vivienda sin que antes
haya mediado el correspondiente permiso de construcción
que deben extender las instituciones autorizadas, y el
documento que acredite la compra o usufructo del terreno sobre
el cual se levantará la edificación, el procedimiento que se
impone es impedir la puesta en marcha de la obra antes que
comience.
En cambio, lo que sucede es que funcionarios de la Dirección de
Vivienda, Planificación Física, dirigentes del gobierno y agentes de
la Policía Nacional prefieren ignorar la “ilegalidad” hasta que la
construcción queda terminada, los moradores ocupan la
vivienda y transcurren -cuando menos- dos años de permanencia
“ilícita” en ella; entonces, aparecen todos los “factores” (como
llaman a las autoridades involucradas) y ordenan el desalojo
inmediato del inmueble y -como ocurre en la mayoría de los casos-
proceden a su demolición.
Es decir, durante el tiempo que dura la fabricación ilegal de una
vivienda o la toma de posesión y establecimiento de una familia
en locales abandonados, los autores del delito son invisibles
o las autoridades gubernamentales son víctimas de una ceguera
temporal.
No hay dudas. Para el gobierno, no existen alternativas viables que
ofrezcan soluciones reales al creciente problema de la vivienda,
pero tampoco aceptan que el ciudadano desesperado vaya en
busca de alivios a través de fórmulas independientes.
Si las autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la
legalidad son tan incompetentes, que no pueden detectar el inicio
de una construcción ilegal y proceder a detenerla, entonces deben
asumir el error; y considerando las carencias habitacionales que
padece el país, implementar una estrategia para que los ilegales
comiencen a pagar una renta que les permita llegar a ser
propietarios, o cuando menos puedan pasar a la legalidad y
dejar de vivir perseguidos y acosados dentro de su propio país.
Lo que resulta del todo inaceptable, es llevar a cabo un
desalojo -casi siempre agresivo-, con demolición del inmueble, sin
considerar las necesidades humanas derivadas de causas naturales
(como es el crecimiento poblacional) que la incompetencia del
Gobierno no ha sido capaz de solucionar.
Es cierto que las tiranías son poderes inmorales; absolutamente
ilegítimos; cuya autoridad no se funda sobre el principio del servicio
público, pero eso no significa que tengamos que permanecer callados
ante el abuso, permitiendo que el crimen conviva con la impunidad.
Hablemos Press/ La Habana
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