El club de los perpetuos: Por HUMBERTO VILLASMIL PRIETO

Cuál será la conexión oculta que vincula a Trípoli con Managua, La Habana, Caracas, Luanda o Pekín. Descartemos, de momento, que alguna de estas capitales sea el lugar de un posible asilo del eterno Muamar Gadafi, en el poder desde 1969 y militar a la sazón, probabilidad cierta a la luz de la declaración de la jefa de la diplomacia de EEUU en Ginebra, ayer mismo, reconociendo que su gobierno había tenido contactos con la oposición libia, que ya ha formado un gobierno de transición en Bengasi, y que el asilo del líder libio podría ser una salida a la crisis. En la disputa por asilar al "ínclito" personaje es probable que el régimen venezolano haga valer el antecedente de su paso por la isla de Margarita de donde el hoy sitiado jefe libio regresara condecorado, ni más ni menos, que con la Orden del Libertador y con una réplica de su espada con incrustaciones de piedras preciosas. Ese día, Chávez aplaudió la "gran revolución socialista árabe libia" y dio vivas a su "hermano" Gadafi, como lo recogió la crónica periodística. Pero no, acaso sea otra la conexión más proverbial: la prensa de ayer informaba que Daniel Ortega fue ungido el sábado como candidato presidencial por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones generales del 6 de noviembre. Es su sexta candidatura presidencial desde 1984. Sergio Ramírez, laureado escritor y ex vicepresidente de la República, reaccionó de inmediato interpretando el sentir del vasto mundo opositor nicaragüense: "La candidatura a la presidencia del comandante Daniel Ortega es ilegal porque la prohíbe expresamente la Constitución de la República. Quien juró defenderla, la está violando sin contemplaciones. Una vez más se repite la vieja historia del caudillo que una vez tiene en sus manos todo el poder, quiere prolongarlo para siempre (...). Su proclamación como candidato es un duelo para la democracia nicaragüense, arrinconada y desvalida por los pactos, las componendas y la corrupción". Por lo que hace a Cuba y a su régimen más que cincuentenario sobra algún comentario al respecto. Apenas alcanza el espacio para recordar que el conocido como Proyecto Varela, auspiciado por opositores al régimen de los Castro en 1998, abogaba por reformas políticas en la isla. En 2003, fueron arrestados 75 activistas de derechos humanos, incluyendo 25 miembros del Proyecto Varela (el Grupo de los 75) en lo que pasó a la historia como la Primavera Negra, siendo todos luego sentenciados en juicios sumarios. El entonces canciller, Felipe Pérez Roque, hoy en la más indigna desgracia política, justificaba la posición del régimen cubano de esta manera: "El Proyecto Varela forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba, ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior, con la participación activa de la Sección de Intereses Norteamericana en La Habana".

Ya entre nosotros, en 2007, se plebiscitó la reelección presidencial indefinida, propuesta derrotada en las urnas pero que, no obstante, reapareció incluida en el referéndum convocado en febrero de 2009, que terminó aprobándola, sin que el CNE se perturbara porque la propia Constitución Bolivariana dispusiera en su artículo 345 que "la iniciativa de reforma constitucional revisada no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional", minucias legalistas que aquí, como en lo narrado arriba, son perfectamente postergables.

En la lejana Asia, activistas chinos convocan a través de internet a las "concentraciones del jazmín", en alusión a las revueltas en los países árabes, mientras las autoridades incrementaron la presencia policial en las calles y la vigilancia en las redes sociales. José Eduardo Dos Santos, el presidente de Angola, dirige los destinos de la ex colonia portuguesa desde 1979.

Ayer, a poca distancia desde donde esto se escribe, los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos recomendaron a la Asamblea General de la ONU "considerar la suspensión de Libia del órgano de Naciones Unidas que vela por las garantías fundamentales". El texto de la resolución, resultado de una sesión de emergencia del Consejo y a la que se opusieron Venezuela, Nicaragua, Cuba, China y Angola, "condenó enérgicamente los ataques indiscriminados contra los civiles, las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y la detención y tortura de los opositores al régimen". Igualmente, "urge a las autoridades a garantizar la protección de los civiles, a detener inmediatamente la violencia y a permitir la distribución de asistencia humanitaria a quienes la necesiten". El club de los perpetuos se activó enseguida.

Entre tanto, en Caracas, y declarando sobre las acusaciones que, por medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y la propia ONU, han denunciado que el gobierno de Muamar Gadafi estaría cometiendo actos de genocidio, Chávez afirmó: "No me consta, sencillamente no me consta". Acto fallido el suyo que como un fantasma, y de seguro sin saberlo, le hacía invocar, en favor de su amigo, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. No le constan a Chávez sus delitos de lesa humanidad, que a buen seguro le esperan en la Corte Penal de Roma y que pasan en vivo y directo con el mundo entero de espectador. No así la merecieron, en cambio, los presos de conciencia venezolanos; no la juez Afiuni, condenada en vivo y directo por cadena nacional hasta con pena de treinta años, antes inclusive de que un juez redactara el primer auto de sustanciación del proceso.

Se acerca el tiempo en que los historiadores tomarán la palabra que hoy monopolizan los detentadores del poder. El club de los perpetuos será pasado.