El Tribunal Supremo de EEUU estudia la ley que prohíbe los viajes a Cuba

El Tribunal Supremo de Estados Unidos pudiera ventilar en el otoño una polémica ley de Florida que prohíbe a las universidades que reciben fondos estatales de organizar viajes académicos a países considerados "terroristas".

La ley, aprobada el año 2006, tiene el propósito de impedir los viajes países como Cuba, Irán, Siria, Libia o Sudán, todos considerados por el Departamento de Estado como ayudantes del terrorismo, pero el objetivo principal es la isla comunista.

Tan pronto la ley fue aprobada, por iniciativa del entonces representante estatal republicano, el cubanoamericano David Rivera - electo en noviembre a la Cámara de Representantes federal - la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) la atacó en los tribunales.

El 2008, una juez de Miami declaró que la ley era inconstitucional porque contradecía los "principios fundamentales" de la política exterior estadounidense, porque el estado de Florida no tiene potestad de legislar en esa materia, algo que sólo compite al Gobierno federal.

Pero en septiembre, la decisión fue revertida en un tribunal de apelaciones, lo que motivó que la ACLU y tres importantes universidades de Florida, elevaran el asunto al Tribunal Supremo.

Este lunes, el Tribunal dio indicios claros de que está dispuesto a ventilar el caso, cuando pidió a la Casa Blanca que entregue a la corte un documento donde explique cuál es su postura en el asunto y sobre la constitucionalidad de la ley aprobada en el 2006.

La Casa Blanca todavía no ha contestado si entregará al Tribunal el documento pedido, pero un portavoz de ACLU dijo que la decisión de los jueces en Washington muestra que están tomando el caso "con seriedad".

"Si dejamos que Florida impida las investigaciones, financiadas con capital privado, de realizarse en Cuba, entonces estamos dejando que cada estado dicte su propia política exterior”, dijo Howard Simon, director ejecutivo de la ACLU en Florida.

Las tres universidades que se metieron en el caso con la ACLU tienen programas que frecuentemente organizan viajes de trabajo e investigación a Cuba de profesores y alumnos.

Pero el problema estriba en que las universidades reciben fondos privados pero también públicos. La ley de Rivera sólo se aplica a los fondos públicos pero, como dicen las universidades, en términos prácticos no hay una forma de determinar qué tipo de fondos se aplican en los viajes a la isla.

El mes pasado, la Fiscalía de Florida envió un memorando al Tribunal Supremo, recordando que la ley no prohíbe los viajes a Cuba sino su financiamiento y que el Estado tiene “un interés tradicional” en mantener el control sobre los gastos y programas académicos que financia, aún en contra de los deseos de la Casa Blanca y el poder legislativo federal de promover los viajes académicos sin restricciones.

En enero, el Gobierno levantó todas las restricciones de viajes académicos a la isla, por lo cual las universidades de Florida se sienten en desventaja en relación con otros centros de estudios del país, porque la ley estatal les impide llevar a cabo sus programas de intercambio académico con universidades en la isla.

Todo este asunto surge en un momento en que la administración de Barack Obama y miembros del congreso, sopesan la posibilidad de abrir totalmente los viajes a la isla a todos los ciudadanos.

El año pasado, Obama levantó todas las restricciones de viajes y envío de remesas que pesaban sobre los cubanoamericanos desde el año 2004, cuando George W. Bush prácticamente cerró el grifo de las remesas y los viajes.

Según cifras del censo del año pasado, sólo en Florida viven alrededor de 1.2 millón de refugiados cubanos y sus descendientes.