Esta Página, "Voz Desde el Destierro", pretende que sea una tribuna en la Red de redes, para aquellos que no tienen voz dentro de la isla de Cuba, para romper el muro de la censura, la triste y agobiante realidad del pueblo cubano. Editor y redactor: Juan Carlos Herrera Acosta. Ex-preso Político de la causa de los 75.
Además, en una directiva complementaria, Obama ordena también crear un comité para la Prevención de Atrocidades con representantes de diversos departamentos gubernamentales, que empezará a funcionar en un plazo de 120 días y tendrá como misión facilitar que Estados Unidos pueda impedir actos de violencia a gran escala.
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Washington.- El presidente Barack Obama emitió este jueves una proclama que prohíbe la entrada en el país de quienes violen gravemente los derechos humanos, entre otras medidas para castigar a los autores de atrocidades o crímenes de guerra.
Además, en una directiva complementaria, Obama ordena también crear un comité para la Prevención de Atrocidades con representantes de diversos departamentos gubernamentales, que empezará a funcionar en un plazo de 120 días y tendrá como misión facilitar que Estados Unidos pueda impedir actos de violencia a gran escala, informó EFE.
En su proclama, Obama indica que "el espeto universal a los derechos humanos y el derecho humanitario y la prevención de atrocidades en el mundo promueve los valores de Estados Unidos y los intereses fundamentales de nuestro país, al contribuir a garantizar la paz, promover el Estado de derecho y combatir la delincuencia".
Según la nueva medida, que ha entrado de inmediato en vigor, la decisión de prohibir la entrada a los sospechosos corresponderá al Departamento de Estado. Se podrán incluir excepciones por razones de seguridad nacional.
Según el presidente, "66 años después del Holocausto judío y 17 después de (la guerra civil en) Ruanda, Estados Unidos aún carece de un marco político exhaustivo y de un mecanismo para prevenir y responder a las atrocidades masivas y al genocidio".
Además, el Gobierno estadounidense deberá revisar en el plazo de cien días su "inventario" de herramientas diplomáticas, económicas y políticas para impedir la violación de los derechos humanos, de manera que se puedan diseñar políticas de respuesta y prevención más adecuadas.