Por Eduardo Herrera.
La Habana/ 17-4-2014
En días reciente el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, se refirió a la emigración e inmigración interna, de cómo el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) había estudiado el crecimiento de la cantidad de emigrantes interprovinciales y en especial hacia la capital.
Señaló de porque tuvo que aprobar el Decreto 217, consistente en contravenciones de régimen de regulaciones migratorias para la provincia La Habana, que se encuentra vigente en la actualidad.
Esta Ley que según el Estado, “…intenta regular el movimiento interno migratorio hacia la capital, atendiendo a la situación habitacional, de empleo, abastecimiento de agua, electricidad y otros servicios…”, (copiado textualmente de la cita de Granma), es un acto violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dicha declaración en su artículo número 13, inciso 1, plantea que toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un estado, siendo abiertamente este apartado violado por la Ley 217.
Una muestra más, de cómo en Cuba se incumple con impunidad respecto a materia de derechos civiles, siendo acatadas por todos las transgresiones a causa del desconocimiento ciudadano, existente en esta temática.
En mi opinión, también dentro de las medidas planteadas por los voceros de Granma, para evitar el fenómeno de la migración interna, deberían mencionarse, la de evitar traer mayor cantidad de ciudadanos para ingresar en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a otros órganos del Ministerio del Interior.
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