La CIDH, entre autoritarismo y civilización

Llegado el siglo XXI, en un momento en que el impermeable andamiaje de los Estados "soberanos" cede por exigencias de la mundialización de las solidaridades -que nunca se destacan para atacar a la misma globalización en su vertiente mercaderil- se aprecian tendencias nocivas e interesadas en un regreso hacia los oscurantismos del siglo XIX. Al no ser la estructura estatal el factor hoy dominante ante la madurez que alcanzan las sociedades, los espacios de aquélla los asaltan aventureros con espíritu de autócratas, diestros en el tráfico de las ilusiones; quienes para actuar como tales y ocultar lo que son lo primero que hacen es desmontar los aparatos de control y Justicia sujetándolos a su voluntad.

En lo internacional, dado que las organizaciones multilaterales son el reflejo vivo de los Estados que las integran, los autoritarismos emergentes también procuran la desinstalación de los órganos de tutela que se da la misma comunidad internacional para asegurar, por encima de las soberanías, los principios cuya violación criminal provoca las dos grandes guerras mundiales del siglo XX: el respeto y garantía de los derechos humanos, la proscripción de la fuerza, y la solución amistosa de las controversias internacionales.

Se explica así la progresiva desinversión pública en el financiamiento de los órganos de protección de derechos humanos como primer paso para neutralizarlos; ello, antes de acometerse el segundo paso destinado a liquidarlos, a saber, regresarlos a los viejos moldes cuando las organizaciones internacionales son apenas secretarías al servicio de los gobernantes.

El caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es emblemático. Desnuda de un presupuesto que le asegure su eficacia -se lo niegan los Estados y la OEA- es incapaz de sustanciar las miles de denuncias que cursan ante ella y constatan la insurgencia de los ciudadanos del siglo corriente, más informados y conocedores de sus derechos, quienes no acusan el espíritu de sumisión de sus predecesores.

La Comisión, al empeñarse en el cumplimiento de sus cometidos y por hacerlo con autonomía, ocupándose de los casos más irritantes que implican desafíos a los estándares de la democracia y el Estado de Derecho e implican políticas sistemáticas estatales de violación de derechos humanos, es amenazada con su cierre virtual.

El secretario de la OEA, preocupado por su ejercicio burocrático -quien transa su designación- acepta que se le reduzcan sus propios deberes en el campo de la seguridad colectiva de la democracia y muten en los de un maestro de urbanidad. Ahora acompaña la evidente conspiración de los mismos gobiernos contra el Sistema de Derechos Humanos. Según él, todo se reduce -para él- a un problema de respeto a su autoridad, por interesado en someter al secretario ejecutivo de la Comisión. Para los gobernantes de la región el propósito va más allá: tener un secretario "a conveniencia" dentro de la CIDH y bajo el cuidado de José Miguel Insulza, quien se contenta con lo que es y sin pretender ser el portavoz de los intereses superiores de las Américas.

La lectura cuidadosa del Informe del Consejo Permanente de la OEA sobre el asunto permite descubrir, tras su lenguaje diplomático de buenas intenciones, lo que es vertebral: que la Comisión se ocupe más de promover los derechos que de investigar sus violaciones por los gobernantes; que en los casos que conoce otorgue a los Estados "igualdad de armas", a saber, que mida con igual de criterio el ruido de los cañones que el silencio de las víctimas; en fin, que se profane el criterio universal fundante de los Derechos Humanos para que la Comisión se diluya en la protección de "todos los derechos" para todos, es decir, para que dispense igual consideración a los derechos sociales frente a los derechos civiles y políticos, lo que es loable, salvo por la perversidad que oculta la propuesta: aliviarle las cargas a los dictadores que dan de comer a sus pueblos a costa de la libertad.

Luego de la Asamblea General de la OEA, que se realiza en Cochabamba, Bolivia, sabremos si sigue vigente la primera regla de la Carta Democrática Interamericana: la democracia es un derecho de los pueblos que los gobiernos deben garantizar; o si acaso sus términos hay que invertirlos para lo sucesivo. Cabe, pues, la sabia admonición que desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace su expresidente, el juez Sergio García Ramírez:"Para favorecer sus excesos, las tiranías 'clásicas'... invocaron motivos de seguridad nacional... Otras formas de autoritarismo, más de esta hora,... atribuyen la inseguridad (personal, social o económica) a las garantías constitucionales y, en suma, al propio Estado de Derecho, a la democracia y a la libertad".

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