Por Jorge Alberto Liriano Linares/ Hablemos
Press.
Camagüey.- Miles de condenados, a lo largo y ancho
de la isla, acuden a las huelgas de hambre, cada año,
como única vía de exigir se respeten sus derechos
como seres humanos.
La gran mayoría de los que se lanzan a estas huelgas, conscientes
del riesgo que representa para sus vidas, consideran esta
desesperada acción como la única salida para reclamar
justicia y transparencia ante procesos legales manipulados, que
demuestran la ausencia total de garantía en la legislación procesal
penal, que pone en evidencia el contradictorio sentido de justicia
de los corrompidos tribunales populares, comprometidos hasta la médula
con los órganos represivos al servicio del régimen castro-comunista.
La policía, la fiscalía y los tribunales conforman una maquinaria
de destrucción masiva.
Los juicios manipulados y plagados de ilegalidades y arbitrariedades
son sostenidos por procesos amañados; todo esto, forma parte
de las acciones legales y los malos inicios de la sociedad socialista desde
su instauración en el poder hace más de medio siglo.
Hay que agregar, además, las excesivas sanciones dentro de un
marco sancionador con inclinación al extremismo; condenas que oscilan
entre uno y treinta años -por delitos de extrema peligrosidad social-
son aplicadas por los tribunales, en la mayoría de los casos, a
manera de escarmiento, aún cuando el delito por el que se les sancionan
no está tipificado en la legislación internacional.
Muchos de los sancionados no tienen recursos para contratar un
abogado, y los que logran contratar acaban defraudándolos como
resultado de la incompetencia y la carencia de respeto de la defensa
ante los letrados del tribunal.
En Cuba, los abogados -como otros tantos representantes de la ley-,
carecen de autoridad y prestigio; pocos, pueden darse el lujo de ganar
un proceso, y cuando lo ganan es mediante la extorsión y otros recursos
de la corrupción; tal es así, que a las cárceles son enviados los pobres,
los humildes y mayoritariamente los negros, que son la clase más
marginada de la sociedad; mientras los corruptos, malversadores y
asesinos continúan disfrutando del poder con total impunidad.
Aquellos condenados, que acuden a una huelga de hambre dentro
de una cárcel, o en las mazmorras de una estación policial, se
enfrentan a las torturas más crueles y los más despiadados maltratos
físicos que pueda soportar un ser humano.
Para el Ministerio del Interior -y sus fuerzas de represión y terror-,
las huelgas de hambre no son un derecho, sino una indisciplina grave
que debe ser reprimida con brutal severidad; por eso, los huelguistas
son enviados a las celdas de castigo donde priman el aislamiento,
la incomunicación y el abandono legal.
A medida que pasan los días, las autoridades le suprimen cama y
colchón, el agua potable, y le niegan la asistencia médica; en caso
que el recluso en huelga soporte la tortura son trasladados a una
prisión donde el rigor de los tratos deshumanizados es mayor.
En Camagüey, por ejemplo, son enviados a la famosa tapiada de la
prisión kilo 8 -el mismo lugar donde fue asesinado el digno luchador
Orlando Zapata Tamayo; allí, en la famosa prisión del terror, los
huelguistas son golpeados salvajemente; esposados a la reja, a un
metro del piso, para someterlo a diferentes torturas por espacio de
muchos días.
Esta prisión, cuenta con connotados torturadores y especialistas en las
más inhumanas y crueles torturas. En la mayoría de los casos las
víctimas son hospitalizadas cuando les queda escasa posibilidad de
vida.
Tradicionalmente, son pocos los que logran el objetivo por el cual
iniciaron la huelga. Los “revolucionarios”, con sus retorcidos caminos
en materia de justicia y derecho penal, no admiten ni actúan bajo
presión, eso está más que demostrado; lo más doloroso, es que la
máxima dirección del país tiene mucho de complicidad y complacencia
ante este fenómeno de las huelgas, la violencia, el terror y el abandono
que se dispone para los huelguistas, que carecen de seguridad
ciudadana, de rehabilitación y respeto por las garantías a los
derechos civiles, que tienen como base el mandato constitucional,
que establece el respeto a la dignidad de todas las personas, y en
especial el derecho a la vida.
Cuando un ser humano establece una huelga -dentro y fuera de la
prisión- como mínimo, debe ser escuchado, y tramitado su
reclamo o exigencia.
Está claro que nadie quiere morirse; ni sufrir torturas o tratos
crueles.
¿Qué determina, que existan esas almas retorcidas que disfrutan
con el dolor ajeno e incluso, con todo el proceso que conduce
a sus semejantes a la muerte?
El derecho a huelga está garantizado por las legislaciones
internacionales (aceptadas por el gobierno de Cuba).
Quienes se lanzan a una huelga deben ser objeto de atención,
no de represión. La fiscalía debe jugar su papel como órgano de control
de la legalidad. De errores, equivocaciones y fraudes están plagados
los procesos políticos, universalmente; tal es así, que en Cuba -a los
que se declaran en huelga de hambre- le respetan el derecho a la
muerte…torturándolos, cuando debería ser todo lo contrario.
Verdaderamente, de que los hay los hay, señores.
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