La Fundación Dui Hua, que defiende los derechos de los presos en China y en Estados Unidos, señaló que pudo cotejar estas 700 ejecuciones a través de una “sistemática revisión de los materiales públicos durante un año y hasta el 30 de septiembre”, aunque destaca que el dato real, un secreto de Estado “celosamente guardado”, es de miles.
Debido a la diferencia entre las cifras cotejadas y las reales, Dui Hua estima que la caída del recurso a la pena capital no es tan acusado en la realidad, sino de un 10 por ciento con respecto a las 5.000 ejecuciones reales que estimó en su informe de 2009.
El dato coincide con el publicado por Amnistía Internacional (AI), que indica que China aplicó “miles” de penas capitales en 2010, pero al igual que las 5.000 que calculó Dui Hua en 2009, estas cifras “nunca ha sido confirmada ni negada” por las autoridades, indica la ONG.
Con sede en Hong Kong y San Francisco y consultor de la ONU, el grupo explicó que una fuente del sistema judicial chino con acceso a los datos reales de ejecuciones reconoció a miembros de Dui Hua que su aplicación se había reducido en 2011, pero declinó facilitar un porcentaje concreto.
Esta reducción se plasmaría en el hecho de que la prensa china informó este año de un menor número de ejecuciones, después de que en los últimos años se develaran casos en los que el reo había sido condenado a muerte siendo inocente, lo que creó gran consternación entre la opinión pública, reflejada en los foros de internet.
A pesar de que los sondeos oficiales indican que los chinos son en general favorables a este tipo de sentencias, las autoridades del país asiático anunciaron a raíz de estos escándalos judiciales que intentarían reducir la aplicación de la pena de muerte.
Según el último informe de AI sobre pena de muerte, publicado en marzo, China es el país que más ejecuciones lleva a cabo en todo el mundo, seguida de Irán, con al menos 252; Corea del Norte, con unas 60; Yemen, con 53; Estados Unidos, con 46; y Arabia Saudí, con 27.
En su dossier, AI pidió a China que devele las cifras reales de ejecuciones para demostrar que, en efecto, las está reduciendo, ya que además y según sondeos oficiales de 2008 un 64 por ciento de los chinos cree que el Gobierno tiene que publicar el dato y dejar de considerarlo un secreto de Estado.