¡Qué triste espectáculo, Argentina!

¡Qué triste espectáculo dio la Argentina con la grosera conculcación de la libertad de prensa ejecutada por la mano de un grupúsculo de matones disfrazados de sindicalistas! ¡Qué decepcionante demostración ofrecida por el Gobierno de un país que se vanagloria de estar a la vanguardia cultural latinoamericana!   

Desde los tiempos de aquellas dictaduras militares que sojuzgaron tan cruelmente a nuestros países en el siglo pasado, no se veía una intervención tan groseramente violenta contra medios de comunicación, ni tan desembozadamente apañada, ignorando órdenes judiciales.   

Dejemos a una de las víctimas relatar sucintamente lo sucedido: “En el marco del ataque sistemático del Gobierno sobre Clarín, la inacción del Ministerio de Seguridad, el incumplimiento de la orden judicial para garantizar la distribución de los diarios, y la presión de algunos delegados por sobre la voluntad de los trabajadores de AGEA y AGR, formaron ese combo explosivo que ayer impidió que Clarín, por primera vez en 28 años de democracia no llegara a sus lectores”.   

Los agresores, al parecer, no hicieron sino ejecutar instrucciones impartídales por su jefe, el cuestionado dirigente sindical kirchnerista Hugo Moyano, que precisamente está siendo investigado por la justicia suiza por presunto lavado de dinero, hecho de lo que se hizo eco la prensa argentina.   

Bajo las dictaduras era común que unos cuantos patoteros atropellaran cualquier institución o persona que molestara a los tiranos, pero bajo regímenes civilizados este procedimiento no solamente es insólito, sino, además, contradictorio con el espíritu democrático y con la imagen que se pretenden proyectar al resto del mundo.   

En efecto, ¿qué impresión cree el gobierno de Cristina Kirchner que dejan barbaridades como estas ante la opinión pública internacional? ¿Cómo sus diplomáticos irán a explicar este atraco ante las sociedades políticas estables y regulares adonde ejercen funciones, o adonde van a pedir inversiones y créditos?   

Y tanto más difícil les resultará esta tarea a los voceros del Gobierno argentino cuanto más vergonzoso es el acto perpetrado por sus adherentes. Pues si confían en que con sus explicaciones de que no pueden intervenir porque esos hechos de fuerza se ejecutaron en el marco de un problema laboral que debe ser resuelto “por los conductos pertinentes”, van a convencer a alguien, es mejor que vayan advirtiendo que la ingenuidad política hoy ya no es el estado natural de nuestras sociedades.   

Este ataque aleve contra los medios de prensa bonaerenses constituye una directa y repudiable agresión a la democracia argentina y, además, una advertencia para todos los latinoamericanos, porque, después de los atropellos de Hugo Chávez a los medios de su país, no se había experimentado en la región una muestra más evidente de conculcación de derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de libertad de opinión y de prensa.   

Esta experiencia nos demuestra a todos los latinoamericanos cuán frágiles pueden ser en realidad todavía las garantías del ejercicio del derecho de libertad de prensa que nuestras constituciones nos prometen y que nuestros gobiernos juran respetar.   

Es bien sabido que la prensa libre molesta a los gobernantes, sean democráticos o autoritarios; irrita e incomoda a todos por igual. Pero mientras el gobernante autoritario puede y suele ejercitar la fuerza desnuda con brutalidad e impunidad, del gobernante democrático se espera que a sus intereses particulares haga preceder la legalidad y el interés general.   

El actual Gobierno argentino tiene que dar muchas más explicaciones que las que se tomó la molestia de brindar. Sacarse la careta, afrontar las consecuencias de los hechos de fuerza que apadrinó y someterse al juzgamiento que los argentinos sabrán realizar, porque la afrenta sufrida por los medios de prensa de ese país es una vergüenza para toda la Argentina y un desmedro grave para su respetabilidad en el mundo democrático, de ese mundo que permanecerá expectante, aguardando las satisfacciones que el Gobierno de Kirchner debe a sus compatriotas, en primer lugar, y al resto del mundo, después, en salvaguarda de la imagen de su país.