Por Eliocer Cutiño.
Camagüey.- Hace algunos años, la Asamblea Nacional aprobó -unilateralmente-
la Ley de Tránsito y Vialidad, sin que el ciudadano sospechara que, años más tarde,
esa ley se convertiría en una herramienta de expropiación para aquellos cubanos que,
de una u otra forma, adquirieron vehículos fabricados en los años 50, conocidos con
el nombre de Almendrones.
Cuando muchos de los propietarios de estos autos, decidieron realizar cambios en la
estructura de la carrocería de sus vehículos -dentro de la legalidad, y previa
aprobación del cuerpo de inspectores del Ministerio del Interior-, se vieron obligados
a darle otra ubicación a las llamadas chapillas de carrocería, sin alterar su numeración.
Pasado algún tiempo, los mismos funcionarios que participaron en la aprobación de
esas leyes, y dieron curso legal a los trámites llevados a cabo por los propietarios,
alegan ante los tribunales provinciales, que desconocían tales hechos; y lo peor de
todo, es que están presionando a los autores del derecho, para que no le den
asesoría legal a los involucrados en estos hechos, a quienes les están confiscando
los automóviles y entregándoselos a entidades estatales y de las fuerzas militares.
Esta es la historia que vive hoy un grupo considerable de ciudadanos,
específicamente camagüeyanos, que se encuentran desprotegidos ante la
indiferencia y la complicidad con el fraude, de las instituciones encargadas de
hacer cumplir la Ley.
Según confiesa una fuente, que no quiso revelar su identidad por temor a las
posibles consecuencias, muchos profesionales del derecho están profundamente
disgustados con esta lamentable realidad, que pone al descubierto la falsedad
y el proceder deshonesto del poder jurídico bajo el control absoluto del Estado.
Hablemos Press/ La Habana
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