El cubano Nelson Molinet Espino cumplió ayer cinco días de huelga de hambre con el objeto de reclamar al Gobierno la concesión de asilo político para regularizar su situación en el país. Este excarcelado del régimen de los hermanos Castro —que llegó a España el 24 de septiembre de 2010 junto con otros dos disidentes políticos expulsados— tiene fijada su residencia en Alicante, desde donde viajará a Madrid mañana para trasladar sus peticiones ante el Ministerio de Interior. Entre ellas, destaca la necesidad de obtener un permiso de trabajo y ayuda económica para mantener a su padre, enfermo de Alzheimer. Es responsable también de una hija de doce años, que vive con él en Alicante.
Molinet, ex secretario general de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba —sindicato independiente e ilegal en la isla— considera que el Gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos con él, al no garantizarle el «derecho a trabajar» ni el estatuto como asilado político, necesario, entre otras cosas, para poder obtener «cosas tan básicas como un contrato de teléfono o una cuenta bancaria», según explicó ayer a ABC.
Desde su llegada a España hace casi cuatro meses, su medio de subsistencia se ha limitado a las ayudas económicas —entre ellas, una de 700 euros para pagar el alquiler de una casa— y alimentos que le dispensa la Iglesia católica y la Cruz Roja. Entre sus peticiones, incluye también la cobertura médica para otros familiares procedentes de Cuba, como su sobrino y su esposa.
Juicios sumarísimos
Después de cumplir siete años y medio de prisión en su país —de una condena de veinte años impuesta en 2003 por reclamar incrementos salariales para los trabajadores—, Molinet fue liberado en septiembre del pasado año en virtud de un convenio suscrito entre la Iglesia cubana —cuyo máximo representante es el cardenal Ortega—, el régimen castrista y el Ministerio de Exteriores para liberar a los prisioneros del llamado «Grupo de los 75».
Este grupo de opositores fueron sancionados a largas penas de privación de libertad en 2003, en unos juicios sumarísimos que provocaron una fuerte condena internacional y la adopción de sanciones diplomáticas por la Unión Europea.
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