Venezuela: Cinismo y sevicia carcelaria: Por RAFAEL DÍAZ CASANOVA

Las cárceles de muchos países del mundo son espacios propicios para que sucedan irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los prisioneros.

Esta semana pasada se ha difundido la noticia de que en las cárceles del CICPC, en El Rosal, fallecieron tres personas y sus muertes fueron causadas por actuaciones reñidas con las funciones y obligaciones que tienen sus carceleros. La noticia, aunque terrible, no deja de ser una repetición de casos anteriores.

Sin tener que llevar la imaginación a tiempos lejanos como los de la siniestra Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, donde las declaraciones de los detenidos estaban precedidas de torturas sobre rines de automóviles adecuadamente afilados y otras barbaridades, recordamos que en Maracaibo se quemó, con un soplete, a un miembro del ejército para torturarlo por haber declarado alrededor de eventos indebidos e ingratos para las autoridades. También falleció.

Aunque, repetimos, eventos terribles suceden en muchos países del mundo, la gran e importante diferencia estriba en que donde la justicia impera, como decía Tamakún, estos eventos son investigados y sus responsables sufren el peso de la ley.

En esta disminuida Venezuela, donde el régimen está empeñado en destruirla y acogotar a todos los ciudadanos, empresas e instituciones que difieren de sus pensamientos, son los más altos funcionarios quienes apañan, esconden, justifican y posiblemente ordenan dichas barbaridades y agresiones a los derechos de los detenidos.

Los ejemplos sobran. Franklin Brito, valiente, trabajador y modesto venezolano a quien el régimen le robó su pequeño fundo y él decidió protestar contra el despojo con una prolongada huelga de hambre que se sucedió en varios lapsos, para finalizar sus días, fue secuestrado en el Hospital Militar y se le negó tanto la atención debida y garantizada por la Constitución Nacional como la devolución de sus bienes robados.

La juez María Afiuni, condenada a treinta años de prisión por el más alto funcionario de la nación, a través de una sui géneris sentencia televisada. Su delito fue sentenciar la libertad de un procesado que tenía más de un año de reclusión sin obtener un debido proceso ni, mucho menos, una sentencia. Su salud está en riesgo y las atenciones que ha recibido no se corresponden con sus derechos.

Los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, condenados, después de un proceso infinito, pleno de vicios procesales, a treinta años de prisión por una supuesta complicidad en crímenes indeterminados y con autores desconocidos.

El señor Alejandro Peña Esclusa, luchador político por la LIBERTAD, la JUSTICIA y la PAZ de Venezuela y de otros países, a quien se tiene en las mazmorras del régimen acusado de un delito que fue supuestamente "sembrado" dentro de la mesa de noche de su hija niña.

No tenemos el espacio, el conocimiento ni los detalles de muchos otros procedimientos similares a ciudadanos, que culpables o inocentes, están tras las rejas de cárceles venezolanas, que no fueron soñadas por Dante Alighieri, y no reciben ni el debido proceso ni mucho menos la sentencia justa.

Pero la guinda de la torta se coloca cuando el máximo funcionario de la nación aparece el pasado domingo en la televisión, exigiendo la investigación de "algunas" de esas barbaridades. ¿Y el resto...?