CARACAS -- Un solo número encabezó la primera página de El Nacional, una mañana reciente: 1734.

Es el número de violaciones de los derechos de la propiedad privada atribuidas al gobierno del presidente Hugo Chávez desde 2005, contabilizados por un grupo que promueve las libertades económicas y personales en Venezuela.

Ahora ese grupo es uno de los muchos que podrían verse afectados por una nueva ley que vagamente define la prohibición a ciertas organizaciones de aceptar dinero del exterior. La ley es uno de los múltiples instrumentos a los que apela Chávez para maniatar a sus críticos.

"Hoy día en Venezuela hay una gran incertidumbre porque muchas organizaciones están en la duda de si seguir haciendo proyectos que estaban financiados por organizaciones estadounidenses, europeas y asiáticas", dijo Alonso Domínguez, de la organización no gubernamental Liderazgo y Visión.

Domínguez indicó que su ONG se sustenta en gran parte de donantes de Venezuela, pero también ha utilizado fondos extranjeros para organizar cursos de capacitación en liderazgo y política comunitaria. Algunos de esos fondos provienen de la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense, y años atrás recibió una pequeña parte de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

"Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONG, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui", dijo Chávez en un discurso en noviembre, un mes antes que sus aliados en la Asamblea Nacional promulgaran la nueva legislación.

La "ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional" faculta al gobierno a multar a ciertos grupos por una suma equivalente al doble de lo que reciben del extranjero. Además establece que quienes traigan al país invitados extranjeros que "emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía" serán sancionados con multas e inhabilitación de cinco a ocho años.

La ley es general y no es clara acerca de qué tipos específicos de organizaciones se verían afectadas. Se habla de organizaciones que promueven "la defensa de los derechos políticos" y "las personas naturales que realicen actividades políticas".

El Departamento de Estado estadounidense ha condenado la ley, y Domínguez y otros dirigentes de seis organizaciones venezolanas entrevistados por The Associated Press dijeron que seguirán solicitando el financiamiento extranjero y combatirán cualquier penalización en los tribunales.

"El reto nuestro es cómo no desaparecer", dijo Marino Alvarado, director de Provea, un grupo de derechos humanos que depende casi exclusivamente del financiamiento foráneo, incluyendo las donaciones de la Unión Europea y de organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos, pero no del gobierno estadounidense.

Provea produce informes detallados sobre la situación de los derechos humanos en el país y aquellos casos de alto perfil como los del dirigente sindical Rubén González, encarcelado por cargos penales derivados de una huelga en el 2009, y la jueza María Afiuni, quien ha estado encarcelada durante más de un año al enfrentar cargos por su decisión de liberar a un banquero encarcelado que posteriormente huyó del país.