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31 enero 2011 1 31 /01 /enero /2011 17:17
 
 Marino Alvarado, coordinador de la agrupación venezolana defensora de los derechos humanos Provea, gesticula durante una entrevista con la AP el 12 de enero del 2011 en Caracas. Una nueva ley prohíbe a organizaciones no gubernamentales recibir fondos del exterior.
Marino Alvarado, coordinador de la agrupación venezolana defensora de los derechos humanos Provea, gesticula durante una entrevista con la AP el 12 de enero del 2011 en Caracas. Una nueva ley prohíbe a organizaciones no gubernamentales recibir fondos del exterior.
Fernando Llano / AP Photo
The Associated Press

Provea también publica estadísticas anuales de asesinatos que el gobierno ha dejado de divulgar: 13.985 homicidios reportados a las autoridades en 2010, lo que confirma la situación de Venezuela, y en particular Caracas, como uno de los lugares más violentos del mundo.

Algunos activistas se preguntan cómo responderán los donantes ante la ley, y si se reducirá el suministro de fondos.

El dirigente oficialista Roy Daza dijo que los grupos de derechos humanos no se verán afectados y que las restricciones tienen como destino "aquellas organizaciones que atacan a las instituciones venezolanas".

Daza mencionó a Súmate, un grupo que critica duramente el sistema electoral y ayudó a organizar un fallido referéndum revocatorio en el 2004 contra Chávez.

Súmate dice que ha aceptado fondos del National Endowment for Democracy en el pasado pero no ha recibido fondos extranjeros en los últimos dos años. "Obviamente lo que se pretende con esta ley es asfixiar cualquier posible fuente de financiamiento", dijo Ricardo Estévez, un líder de Súmate.

Feliciano Reyna, director de Sinergía, un grupo de 50 ONG venezolanas que se oponen a la nueva ley, manifestó que los grupos que están preocupados abarcan una amplia gama de asuntos, incluyendo defensores del medio ambiente, derechos de las mujeres, organizaciones católicas de caridad y la promoción de la democracia y los derechos humanos.

La organización mundial CIVICUS, con sede en Sudáfrica y que apoya la participación ciudadana, dice que la ley venezolana establece un peligroso precedente en América Latina.

Ya los programas de ayuda estadounidense han sido rechazados en dos regiones de Bolivia, y en Ecuador las ONG advierten que las nuevas regulaciones podrían usarse para aumentar los controles del gobierno y afectan a sus organizaciones.

Chávez, que sobrevivió un breve golpe de estado en el 2002, ha expresado repetidamente su preocupación de que algunas organizaciones podrían estar usando fondos extranjeros en sus esfuerzos para debilitar al gobierno. Desde entonces ha catalogado a algunos activistas críticos de conspiradores, golpistas y peones de Estados Unidos.

Chávez sostiene que todo lo que ha hecho ha sido en cumplimiento de una revolución social que procura cerrar el abismo secular entre ricos y pobres. Insiste en que en Venezuela hay libertad de expresión y señala que sus oponentes pueden expresar sus puntos de vista en la televisión.

"Aquí no hay dictadura ni habrá dictadura", dijo Chávez en un discurso reciente.

El país todavía tiene periódicos críticos como El Nacional, que tituló con las cifras de violaciones del derecho a la propiedad, así como estaciones de radio y la televisora abiertamente opositora al gobernante, Globovisión. Los venezolanos han participado en elecciones regularmente desde que Chávez fue elegido por primera vez en 1998. El mandatario tratará de ser reelegido por tercera vez el próximo año.

Sus críticos dicen que el método consiste en acciones cuidadosamente calculadas para enfriar la disidencia, presionar a los medios opositores y hacer a un lado a sus oponentes. Varios políticos de oposición han huido del país debido a acusaciones de haber cometido delitos que afirman son falsas, y la televisora RCTV, opuesta al gobierno, se vio obligada a salir del aire. Otro adversario de Chávez, Alejandro Peña Esclusa, fue encarcelado, acusado de esconder explosivos en su casa. El sostiene que los cargos son falsos y tienen motivaciones políticas.

Carlos Correa, quien es líder de la ONG local Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, fue retratado en dibujos animados en la televisión estatal el año pasado, saliendo de la embajada de Estados Unidos con un maletín lleno de dólares. Correa expresó que la caricatura era una mentira, pero lo convirtió en un blanco.

A las afueras de la Asamblea Nacional en diciembre, alguien le tiró un cono señalizador en la cabeza. Mientras intentaba bajar la hinchazón con hielo, un hombre se acercó, lo maldijo y lo amenazó de muerte, recordó.

La nueva ley es un medio de intimidación, según Correa, quien comparó su carácter radical con un arma apuntando: "No sabemos si se nos va a aplicar porque es como que sabes, como un gatillo que tú tienes allí, pero no sabes a quién va a disparar".



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  • : Esta Página, "Voz Desde el Destierro", pretende que sea una tribuna en la Red de redes, para aquellos que no tienen voz dentro de la isla de Cuba, para romper el muro de la censura, la triste y agobiante realidad del pueblo cubano. Editor y redactor: Juan Carlos Herrera Acosta. Ex-preso Político de la causa de los 75.
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