Bertha, su hijo y nieto
La Habana/ 13-1-2014
Por: Augusto Cesar San Martin
En virtud de los acuerdos del 2010, entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano, sobre el destierro de prisioneros políticos de la llamada Primavera Negra, surgió un convenio verbal: Las autoridades aceptaron que los familiares propuestos por los opositores podrían quedar en sus casas y legalizar la propiedad a su favor.
La ejecución del acuerdo quedó en manos de la policía política, que notificarían a las Direcciones Municipales de la Vivienda sobre la decisión del gobierno.
Roberto Carlos Díaz Portales emigró a España como parte del núcleo familiar de Antonio Díaz Sánchez, prisionero de la Primavera Negra.
Díaz Portales confirió la vivienda que había heredado en la calle 122 A número 2914, entre 29 y 31, Marianao, a su tía Bertha Suárez Escalona, de 57 años de edad.
El 26 de diciembre del 2010, Bertha comenzó a realizar los trámites para legalizar la vivienda. Cumplida la tramitación para adjudicarse el inmueble, quedó en espera de la resolución de la Dirección Municipal Vivienda (DMV).
Para su asombro, dos meses después recibió la notificación de que la declara ilegal. Según le informaron, la casa fue reclamada en el 2011 por Cándida Rosa Herrera Pérez, con más de 12 años de ausencia de la vivienda.
Una semana bastó para la entrega de la propiedad a la nueva beneficiaria.
La mayor turbación la recibió cuando comprobó que existía un documento con su letra y firma, consignado por el director de la DMV. En el falso texto, ella desiste del trámite de legalización del inmueble ante su salida inminente del país.
Con la asesoría de Cubalex (agencia independiente de asesoría legal), Bertha y su hijo, Alain Domínguez, de 34 años, presentaron una denuncia en la 6ta. Estación de Policía contra el director, licenciado Isaías Rodríguez Oñate.
-Cuando vieron a quién estábamos acusando de falsificación de documentos, nos dijeron que no procedía la denuncia-, relata Bertha.
Sin investigar los hechos, el policía- carpeta 09325 y su superior rechazaron la denuncia.
-Presentamos una queja al departamento de atención a la población del Ministerio del Interior contra la 6ta Unidad de la PNR, pero no he recibido respuesta-, declara Bertha.
También, Cubalex redactó escritos a nombre de Bertha para demandar la atención de varias instituciones del Estado. Al presidente Raúl Castro Ruz, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Republica, Fiscalía Provincial, Instituto Nacional de la Vivienda y Dirección Provincial de la Vivienda.
Fiscalía recomendó impugnar la propiedad entregada. El Instituto Nacional de Vivienda respondió que tenían desconocimiento del caso. La Dirección Provincial de la Vivienda solicitó el expediente a la Dirección Municipal (DMV). El resto de las instituciones no respondieron.
Los ejecutores del convenio
Madre e hijo decidieron regresar a las raíces del asunto y localizaron al oficial de la Policía Política encargado del convenio verbal sobre la vivienda, de nombre Daniel.
-Durante seis meses estuve detrás de Daniel, de la Sección 21, yendo semana tras semana a la oficina del G2 de Marianao-, dice Bertha.
El oficial de la policía política explicó que personalmente había notificado el “convenio” a Luis Guillermo Rodríguez, jefe de la DMV, ahora segundo, y a la asesora jurídica de entonces.
Daniel evadió a Bertha hasta que se dijo lleno de problemas por las actividades de las Damas de Blanco.
Alain, el hijo afectado, se mantuvo insistiendo para lograr una entrevista con el subdirector Luis Guillermo Rodríguez, pero éste se las arregló para evadirlo.
Hasta el momento de la publicación de este texto, intentamos contactar, sin éxito, con el funcionario.
Bertha, Alain y su esposa, y el hijo de tres años nacido en la vivienda, fueron declarados ilegales. Sobre ellos pesa una orden de desalojo forzoso a la que las autoridades denominan ¨extracción¨.
Bertha padece una Diabetes Mellitus tipo 2 Descompensada, tras 24 años de evolución complicada con una Polineuropatía Diabética y una Hipertensión reciente debido al estrés. Hace tres meses, sufrió un infarto cerebral que le dejó como secuela la pérdida parcial de la audición.
Alain es informático, pero no puede ejercer hasta que no legalice su residencia.
La voluntad de Bertha y su familia tiene en contra dos enemigos insensibles: la corrupción y el “sistema”.
Lazos familiares con prisioneros políticos, desterrados, los convierten en “contrarrevolucionarios”, categoría segregacionista que facilita la vulnerabilidad, aun mayor, de los derechos ciudadanos.
Fuente: Cubanet.org
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