La Habana/ 13-1-2014
Por: Osmar Laffita Rojas
Sobre cambios económicos del gobierno de Raúl Castro, parece existir un desfase en los análisis que hacen los expertos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Esto quedó evidenciado en el reciente taller “Cuba, la Actualización del Modelo”, patrocinado por la revista Temas, que se edita en La Habana, y el Centro para los Estudios de América Latina “David Rockefeller”, de la Universidad de Harvard.
Celebrado el pasado diciembre, participaron 15 académicos de Cuba, Estados Unidos y Europa, que analizaron los cambios que se operan en Cuba, sus raíces, características e impactos.
Los participantes hicieron valoraciones en torno a los elementos claves de la llamada “actualización del modelo económico” que hoy aplica el gobierno cubano, entre los que destacaron la descentralización de la toma de decisiones, la distribución y el mercado; la intención de conceder mayor autonomía a las empresas estatales; la expansión del sector privado, que crea nuevos grupos sociales, con cuotas de poder derivadas de su capacidad económica y mayor autonomía social y de gestión; el propósito de reducir el poder omnímodo de la burocracia, debido a la resistencia de esta a los cambios, lo que se expresa en un ritmo de ejecución por debajo de lo planificado; el peso de la ley en las políticas dirigidas a hacer permanentes las reformas y reforzar jurídicamente la capacidad de los ciudadanos en sus relaciones con las estructuras del Estado.
Pero el gobierno cubano va en otra dirección, una que nada tiene que ver con estas valoraciones.
Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministro en su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 21 de diciembre, dejó claro que en la conceptualización del actual modelo económico que se desarrolla en Cuba, por sobre la gestión de la pequeña empresa privada, tienen y tendrán prioridad las cooperativas, sean agropecuarias o no.
Serán las cooperativas y no los pequeños empresarios privados quienes tendrán acceso al mercado mayorista. Su carga tributaria es un 50% menor que las que están obligados a abonar los dueños de los pequeños negocios privados.
Tal política está dirigida a ralentizar, mediante impuestos onerosos y abusivos, la expansión de la pequeña empresa privada y así frenar la consolidación y expansión de una clase media adinerada e influyente.
La prioridad del gobierno cubano en estos momentos es que las personas se asocien en cooperativas de cualquier tipo. De esta manera muestran claramente que no tiene la menor intención de permitir la ampliación de los negocios privados.
En ese sentido, hasta donde se ha llegado, ese parece ser el tope. Muestra de ello fue el cierre de los salas 3D y la desactivación de los negocios de ventas de ropas y otros artículos importados, en los que estaban empleados más de 100 000 personas.
El gobierno parte de la lógica de que las ganancias de las cooperativas se reparten de manera equitativa entre sus miembros, mientras que en los pequeños negocios privados, la mayor parte de las ganancias que crean los empleados contratados va a parar al bolsillo de los propietarios. Esa es, según Murillo, la plusvalía del capitalismo, y de ninguna manera hay la intención de estimularla.
Fuente: Cubanet.org
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