Vladimir Alejo Miranda, de 48 años, y Angel Enrique Fernández, de 45 años, ambos pertenecientes a grupos poco conocidos de la oposición interna, se cosieron la boca al iniciar una huelga de hambre el 29 de marzo. Fernández aún mantiene su protesta.
Alejo y Fernández exigen la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, de 62 años, quien fue acusado de introducir equipos ilegales de comunicación por satélite y condenado a 15 años de cárcel.
Jueces cubanos analizan un recurso de apelación presentado por los abogados de Gross ante el Tribunal Supremo de Cuba, la máxima instancia judicial de la isla.
'Levanté la huelga de hambre debido a la situación crítica que tenía ya mi salud, ya estaba en precarias condiciones', dijo Alejo Miranda en entrevista telefónica con Reuters.
'Mi familia me habló, mis hijos, mis nietos, parte de la oposición en Cuba. Vinieron hermanos a hablar conmigo para que levantara la huelga porque yo estaba muy mal ya', agregó, aludiendo a una infección en sus labios que mantuvo cosidos durante 47 días que duró la protesta.
Pero Fernández, que fue hidratado por vía intravenosa el lunes en una clínica de La Habana, mantenía el martes su ayuno, según dijo por teléfono a Reuters su esposa Niurka Rivero.
'Unos oficiales de la seguridad (del Estado) lo trataron de convencer para que abandone la huelga pero él les dijo que seguirá hasta que reciba una respuesta', dijo Rivero a Reuters desde su casa en La Habana.
Los disidentes iniciaron la huelga de hambre en la casa de Alejo Miranda, una deteriorada vivienda en un humilde barrio de la periferia de La Habana, en cuyas paredes aparecen pintadas consignas contra el Gobierno y los líderes cubanos.
Cuba considera a los disidentes como Alejo y Fernández 'mercenarios' al servicio de su enemigo Estados Unidos.
La huelga de hambre ha sido empleada en los últimos tiempos por la oposición interna para presionar al Gobierno.
En febrero del 2010 murió por esa causa el preso político Orlando Zapata Tamayo, quien exigía mejoras en las condiciones carcelarias y cuyo deceso provocó críticas internacionales contra las autoridades cubanas.
El disidente Guillermo Fariñas inició una protesta similar tras la muerte de Zapata Tamayo, para exigir la liberación de los presos políticos enfermos.
Fariñas depuso su huelga tras un histórico acuerdo entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Raúl Castro, que sacó de la cárcel el pasado año a decenas de presos políticos. La mayoría emigró a España y otros países con sus familiares.
Pero el Gobierno de Cuba ha reiterado que no responderá a presiones ni chantajes y que las excarcelaciones se produjeron por 'decisión soberana' del país.
(Reporte de Rosa Tania Valdés y Nelson Acosta; Editado por Ricardo Figueroa)
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