Los gobiernos de Venezuela y Ecuador fueron los que recibieron las críticas más duras en los informes sobre la libertad de expresión presentados el jueves en la conferencia de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en San Diego (oeste de Estados Unidos).

Los representantes de Bolivia, Argentina y El Salvador también denunciaron, como en los casos venezolano y ecuatoriano, una presunta injerencia por parte de los gobiernos de esos países para controlar el ejercicio de la información.

En Colombia, denunció su informe, han aumentado las amenazas de muerte contra periodistas en los últimos meses y ha habido "falta de acción por parte de la fiscalía".

Los informes sobre la situación de la libertad de expresión en América Latina fueron presentados por representantes de los medios -dueños o editores miembros de la SIP- de cada país, en una reunión que se realiza desde el 6 hasta el 9 de abril en San Diego.

"En Venezuela los intentos por controlar el 'poder de la prensa' marchan por caminos insospechados, así vemos el interés del gobierno en hacerse de una hegemonía comunicacional, manejando cadenas completas de radio, televisoras, medios impresos, portales en internet...", indicó el informe en referencia al gobierno del presidente Hugo Chávez.

"Pero a pesar de acariciar una gran cantidad de medios, aún se le teme al poder de quienes lo hacen de manera independiente y libre, y la lucha se hace férrea, encarnizada, con ofensiva y táctica típica de una guerra comunicacional declarada", indicó el documento, que destaca que el último objetivo del gobierno venezolano ha sido controlar los medios digitales.

Para la SIP, sociedad integrada por dueños y editores de medios de comunicación, en Venezuela se han impulsado muchas reformas para limitar la libertad de expresión que se extienden hasta internet, cuyos proveedores han convertido su "filtro automático de los comentarios de los lectores en 'manual' para poder realizar una 'moderación previa' de los mensajes".

Esta parte del informe suscrito por Gilberto Urdaneta, vicepresidente regional para la Libertad de Prensa e Información en Venezuela de la SIP, concluye que las reformas "aumentan el número de exigencias, multas, prohibiciones y sanciones a los medios que usan el espectro electromagnético".

Respecto a Ecuador, el informe considera que "todos los ataques que durante cuatro años emprendió el Gobierno del Ecuador contra la libertad de expresión se concentrarán el próximo 7 de mayo en la consulta y referéndum que ha convocado el presidente de la República, Rafael Correa Delgado".

El informe alerta sobre la aspiración del presidente ecuatoriano de "concretar la creación de un ente regulador y controlador de contenidos de los medios y afectar a los propietarios y directivos de estos con una prohibición de que tengan otra actividad económica fuera de la comunicación para supuestamente evitar conflictos de intereses".

Según el reporte a la SIP, la consulta del 7 de mayo "serviría también para concretar un viejo anhelo presidencial atentando contra la independencia de poderes del Estado, pues el mismo presidente anunció que esta consulta es para 'meterle la mano a la justicia'".

El reporte sobre México se enfocó en el acuerdo alcanzado recientemente entre 61 organizaciones de prensa, empresas, académicos y medios privados y estatales, para unificar criterios en la cobertura de la violencia del narcotráfico.

Ese acuerdo, que no generó consenso en el país, se estableció con el fin de proteger a sus periodistas, evitar propagar el terror o convertirse en "voceros involuntarios" de la delincuencia, aunque el jueves el reporte ante la SIP para México destacó que los periodistas siguen muriendo por la "narcoviolencia".

Como en oportunidades anteriores, el informe sobre Cuba, preparado por el diario Miami Herald, condenó la censura del Gobierno hacia los medios independientes y la represión contra periodistas al margen del gobierno comunista en la isla.

El representante de Argentina criticó al gobierno de Cristina Fernández por no haberse movilizado para impedir en marzo el bloqueo impulsado por una organización gremial que logró detener la distribución de los diarios dominicales de El Clarín y La Nación.