La excesiva tolerancia del Gobierno –por no decir complicidad– para que grupos campesinos invadan propiedades privadas productivas en la zona Este del país lleva el sello del plan lugo-marxista que la izquierda radicalizada impulsa para conseguir, a cualquier precio, la reelección del actual presidente, Fernando Lugo.
Tal como ocurriera en el segundo semestre de 2008 al inicio de la actual gestión gubernativa, cuando se produjo una serie de atropellos a propiedades privadas que contaron con el implícito visto bueno de las flamantes autoridades, ahora de nuevo las invasiones de seudocampesinos sin tierra en el Alto Paraná llamativamente coinciden con la fuerte presión que ejerce el luguismo para imponer la enmienda de la Constitución Nacional, a fin de que el presidente de la República, Fernando Lugo, pueda postularse a un nuevo mandato en las elecciones de 2013.
La Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) se pronunció sobre la acuciante situación rural y su titular, Gustav Sawatzky, advirtió hace unos días que: “así como se están dando las invasiones de propiedades productivas en Alto Paraná y otros departamentos, se puede presumir que tienen que ver con el tema electoralista”.
La presunción es justificada y se constata cuando dos de los más altos exponentes del luguismo gobernante, el senador Sixto Pereira y el gobernador José “Pakova” Ledesma, aparecen como los principales promotores y padrinos políticos de la creación del asentamiento denominado irónicamente “18 de Octubre” en las tierras de una empresa del Grupo Favero, en el distrito de Ñacunday, en Alto Paraná.
Es evidente que el plan luguista está bien estructurado y montado para coordinar los atropellos que sufren hoy varios inmuebles altamente productivos en el Este del país, y que amenazan con extenderse a otras zonas de gran producción, como Itapúa. Si se observan los hechos que precedieron a las nuevas invasiones, se notará que estas siguieron a cambios estratégicos en instituciones clave como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), donde, curiosamente, fueron ubicados funcionarios que responden justamente a las directrices del senador Sixto Pereira y del gobernador José “Pakova” Ledesma; el Ing. Marciano Barreto y el gerente general, Ing. Jorge Galeano, respectivamente.
Posteriormente se realizó el cambio en el Ministerio del Interior, removiendo del cargo a Rafael Filizzola, quien siempre se manifestó en contra de las invasiones de propiedades privadas, y en todo momento estuvo a favor del respeto al estado de derecho y el cumplimiento de las leyes. Hoy día, sin embargo, la Policía no solo incumple las órdenes judiciales de desalojo sino que, además, resguarda a los que violan la ley con las ocupaciones ilegales, poniendo guardias para que no se moleste a los invasores.
Todos estos acontecimientos, sin lugar a dudas, obedecen a una estrategia de permisividad a las invasiones a propiedades privadas, con el propósito de ampliar las bases que sustenten el proyecto reeleccionista.
El Poder Judicial también juega su papel, ya que nada de esto hubiera sido posible si no fuera por la complicidad manifiesta de jueces que conceden amparos y otras medidas fuera de lugar a los invasores, como la autorización a los seudosintierras para el ingreso y hasta la instalación de puestos de control en propiedades privadas, emitida por el juez de Paz de Puerto Paranambú, Marcos Martínez.
Está visto que el luguismo tiene por objetivo inmediato crear las condiciones necesarias para producir una inestabilidad política de proporciones en el país, como telón de fondo para el debate parlamentario en torno a la enmienda de la Constitución Nacional para permitir la reelección. La invasión de propiedades productivas, según estima la izquierda criolla, tendrá el efecto no solo de mantener suficientemente distraída a la opinión pública, sino que le permitirá generar un enrarecimiento de la situación social, sobre todo en el interior del país, de forma a mantener debidamente “cohesionados” y prestos para la acción a sus sectores más radicalizados.
Por lo que se ve, el estallido de la violencia está a la vuelta de la esquina; los luguistas necesitan contar con los “mecanismos” indispensables para amenazar, primero, y atacar después a las instituciones del Estado, a fin de coaccionar a estas a que se expresen conforme a sus exigencias. Es decir, si el Congreso nacional se mostrara renuente a acceder al “clamor del pueblo por la reelección”, enmendando la Constitución para que Lugo pueda ser reelecto, 15.000 o 20.000 campesinos serían reclutados inmediatamente y estarían en condiciones de marchar sobre Asunción para generar en la capital el caos y la violencia que la izquierda radical precisa para forzar a los legisladores “antiparaguayos” a acompañar el proyecto totalitario. Es el camino que utilizó Hugo Chávez en Venezuela y que le dio buen resultado a Rafael Correa para sacar a las patadas de las cámaras a los legisladores que se opusieron a sus planes.
Las invasiones de propiedades productivas tienen también un segundo propósito. Es decir, no solo apuntan a forzar la reelección, sino que además intentan destruir todo el sistema y el aparato productivo del país, para imponer ese modelo de producción socialista totalmente fracasado en todo el planeta, que está siendo impulsado ideológicamente por la izquierda violenta.
En este sentido, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) se ha pronunciado públicamente señalando que “la disputa que hoy se vive en el país es el enfrentamiento entre dos modelos de sociedad: Uno, en el que prima la libertad, con un necesario nivel de control, y otro, en el que un grupo de iluminados deciden por toda la sociedad y la planifican”.
El grave acoso que se cierne sobre la propiedad privada en nuestro país genera inquietud no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero, ya que el Gobierno del Brasil expresó su “preocupación” por la suerte de los colonos de origen brasileño radicados en Paraguay, cuyas tierras están siendo objeto de atropellos. Sin embargo, nada de esto parece importarle al luguismo, que continúa empecinado en imponer en nuestro país y al costo que sea su proyecto totalitario y absolutista, versión del “socialismo bolivariano del siglo XXI” creado por el gorila Hugo Chávez.
En crear las condiciones para que ello se produzca están abocados los principales “cerebros” del oficialismo, desde el propio presidente Fernando Lugo para abajo. Sin lugar a dudas, el siniestro plan que el luguismo marxista pretende implantar a toda costa en nuestro país solo traerá aparejados más miseria y atraso, por lo que debe ser enérgica y firmemente rechazado tanto por los partidos políticos democráticos como por todos los ciudadanos que desean un futuro con paz y bienestar.