Por Calixto R. Martínez Arias/ Hablemos Press.
Sancti Spíritus, 27 de agosto.-
Imponen sanciones, relativamente bajas,
a militares del Departamento de Capitanía
del Puerto, en el Sur de la provincia
Sancti Spíritus, que se dedicaban a
decomisar embarcaciones para luego venderlas o alquilarlas.
Así lo estiman pescadores de una cooperativa en Tunas de Zaza,
territorio costero al Sur de esa provincia, que fueron víctimas del
accionar de estos militares y reclaman que se les devuelvan
sus embarcaciones que se encuentran en calidad de depósito en el puerto
de Casilda.
“Nosotros salimos peor que ellos [los militares]. A ellos prácticamente no
les hicieron nada. …bajarle un grado y trasladarlos para Cienfuegos. Uno
era Mayor y lo bajaron a Capitán, y el que era Capitán lo bajaron a
Primer Teniente”, -declaró Rafael Hernández Naranjo, uno de los más
de 24 pescadores perjudicados.
Aunque los medios de comunicación oficial no han informado del
caso, los pescadores revelaron que los militares implicados fueron,
el jefe del Departamento de Capitanía del Puerto en esa región, Mayor
José Ramón Ramos Delgado; el Capitán Alexander Hernández González
y un Suboficial del cual no dieron detalles.
Las embarcaciones decomisadas por estos militares eran trasladadas
para el puerto de Casilda, a unos 50 kilómetros de distancia, donde
unas eran vendidas y otras se las rentaban a otros pescadores a
cambio de la mitad de la pesca capturada.
“Las que decomisaban”, -explicó Pedro Rodríguez Bocour, otro
de los perjudicados, refiriéndose a las embarcaciones-, “se las llevaban
para Casilda; unas las daban a la mitad de captura, y las otras
las vendían por un valor de 14 a 15 mil pesos moneda nacional -
equivalente a unos 600 dólares estadounidenses-, a través de unos
trámites que hacían desde La Habana”.
Los militares tenían otros negocios, entre los que destacan,
cafeterías y paladares que abastecían con las entregas que le
hacían los pescadores a quienes les tenían rentada las
embarcaciones confiscadas.
Describen los perjudicados, que el proceder de los militares se
descubrió a raíz de que uno de los pescadores vió su
embarcación en Casilda; allí le explicaron que la habían comprado,
y él formuló una queja al Departamento de Capitanía del Puerto
Nacional, quienes llevaron a cabo una investigación de los hechos.
“Vino una inspección de La Habana, a finales de noviembre del año
pasado, y descubrieron todos los negocios en que estaban implicados
estos militares. Se dijo que serían procesados por los tribunales y
que a nosotros nos devolverían las embarcaciones”, -indicó
Fernández, a quien le habían decomisado su embarcación desde
el 3 de febrero del 2011.
Otros pescadores perjudicados fueron: Ángel Pérez Bernal y Jesús
García, quienes afirman que también han visitado diferentes
instituciones del Gobierno para que se les devuelvan sus
embarcaciones y nada han resuelto.
“Aquí todos hemos ido a todas las instituciones de Gobierno
pertinentes a formular quejas para que se nos devuelvan las
embarcaciones, pero nos tienen en un constante peloteo”,
-denunció Fernández.
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